La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional inició un proceso de fiscalización para analizar el origen de los recursos utilizados en la campaña electoral del movimiento Revolución Ciudadana.
La decisión se adoptó durante la sesión del 14 de enero de 2026, en la que se resolvió solicitar información detallada al Consejo Nacional Electoral sobre los reportes financieros presentados por la organización política, en relación con aportes y gastos efectuados durante el proceso electoral.
Inicio formal del proceso de fiscalización
La mesa legislativa, presidida por la asambleísta Diana Jácome, dio paso a la investigación con el objetivo de esclarecer presuntos hechos de financiamiento irregular. Según explicó la presidenta de la comisión, la fiscalización busca transparentar el uso de fondos en campañas electorales y responder a inquietudes ciudadanas sobre su procedencia y destino.
El proceso se abre a pocos días de que la Revolución Ciudadana realice su convención nacional en Manta, donde se prevé la designación de su nueva directiva.
Información requerida al Consejo Nacional Electoral
La comisión solicitó al CNE informes, registros y documentación vinculada al origen, legalidad, trazabilidad y control de los aportes y gastos de campaña. Jácome sostuvo que la investigación no constituye una persecución política, sino una acción orientada a fortalecer la transparencia en el sistema democrático.
Durante la sesión se recordó que casos judiciales anteriores revelaron esquemas de financiamiento provenientes de fuentes ilegales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de algunos procesos electorales.
Resolución del CAL y contexto político
El proceso de fiscalización fue dispuesto por el Consejo de Administración Legislativa tras una resolución aprobada el 5 de enero. En el documento, el CAL manifestó su rechazo a cualquier forma de encubrimiento frente a organizaciones criminales transnacionales y expresó preocupación por su impacto en la seguridad y el orden público en Ecuador.
La resolución también incluyó un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo venezolano y el respaldo a una transición democrática con respeto a los derechos humanos.
Posturas encontradas dentro de la Asamblea
Desde la bancada oficialista, el asambleísta Jorge Chamba señaló que la fiscalización permitirá determinar si la campaña de la Revolución Ciudadana recibió recursos provenientes de actividades ilícitas. Indicó que la Asamblea tiene la responsabilidad de investigar cualquier posible irregularidad en el financiamiento político.
En contraste, el legislador Guido Mendoza, de la bancada de la Revolución Ciudadana, calificó el proceso como una persecución política y cuestionó que se adelanten conclusiones sin sentencias judiciales firmes. Además, planteó que la fiscalización debería ampliarse a otras organizaciones políticas y al uso de recursos estatales durante campañas electorales.
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