La construcción de una de las dos megacárceles de máxima seguridad propuestas por el presidente Daniel Noboa, en la localidad amazónica de Archidona, ha desatado una creciente ola de protestas. Estas movilizaciones se intensificaron este jueves, luego de que se confirmara que el Gobierno ya adjudicó la obra en esta región. El modelo de estas prisiones ha sido comparado con el utilizado por Nayib Bukele en El Salvador.
Rechazo en Archidona: una lucha comunitaria
Bajo el lema “No a la cárcel, no a la cárcel”, miles de personas se congregaron en una asamblea organizada por las comunidades locales y el movimiento indígena. Según los organizadores, unas 3.000 personas participaron en la movilización, que incluyó bloqueos en los accesos a la localidad y una protesta frente a la Gobernación de Napo, donde se rompió un cerco policial.
La alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa, lideró las críticas, afirmando:
“Esta es una lucha del pueblo porque no queremos la cárcel, queremos la vida y la paz”.
Los habitantes temen las implicaciones negativas que esta prisión podría traer para las comunidades locales, especialmente para los jóvenes. Mélida Aguinda, una participante de las protestas, expresó:
“No queremos una cárcel. Queremos turismo, escuelas, carreteras y hospitales, no infraestructura que nos perjudique”.
La postura del movimiento indígena
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a través de su líder Leonidas Iza, advirtió que las protestas se radicalizarán si el Gobierno continúa con la construcción sin realizar una consulta previa con los pueblos originarios. Este requisito es obligatorio según la Constitución ecuatoriana y los convenios internacionales para proyectos que afectan a las comunidades indígenas.
Las megacárceles de máxima seguridad: proyectos controvertidos
El plan del presidente Noboa contempla la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, una en Archidona y otra en Santa Elena. Ambas instalaciones están diseñadas para albergar a 736 presos cada una, con un presupuesto total de 52 millones de dólares. La construcción de la prisión en Santa Elena ya está en marcha, aunque enfrenta acciones legales de una comunidad cercana que alega la falta de consulta previa.
Estas cárceles representan una de las promesas electorales de Noboa, quien busca enfrentar la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, marcada por masacres y el control de las cárceles por parte de bandas criminales.
Una estrategia inspirada en el modelo Bukele
El presidente Noboa ha tomado como referencia el modelo penitenciario de Nayib Bukele, que se basa en mantener aislados a los líderes criminales bajo estrictas condiciones de seguridad. Desde su llegada al poder, Noboa ha declarado el “conflicto armado interno” contra las bandas criminales, catalogándolas como grupos terroristas. Además, ha militarizado las cárceles controladas por estas estructuras.
En Ecuador, desde 2021, más de 500 reclusos han sido asesinados en una serie de masacres carcelarias, lo que refleja el caos del sistema penitenciario. La ola de violencia se ha extendido a las calles, posicionando a Ecuador como el país con más homicidios per cápita en América Latina en 2023, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes.
El desafío del Gobierno y la demanda ciudadana
A pesar de la promesa del Gobierno de fortalecer la seguridad, las comunidades de Archidona y Santa Elena consideran que las cárceles no resolverán los problemas estructurales de sus regiones. En su lugar, exigen inversiones en infraestructura, salud, educación y turismo, áreas históricamente desatendidas.
La administración de Noboa enfrenta un delicado equilibrio: cumplir su promesa de fortalecer el sistema penitenciario sin ignorar las demandas y derechos de las comunidades locales. La falta de diálogo y consulta previa podría agravar las tensiones sociales, con un impacto significativo en la gobernabilidad y la percepción pública del Gobierno.
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