El proyecto de enmienda constitucional que busca retirar a las personas privadas de la libertad del grupo de atención prioritaria permanece detenido en la Asamblea Nacional, a pesar de contar con un informe favorable del Consejo de Administración Legislativa. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, aún no llega a la Corte Constitucional, paso clave para definir su viabilidad jurídica.
La propuesta fue presentada el 8 de diciembre de 2025 por la asambleísta de Acción Democrática Nacional, Lucía Pozo. El objetivo es modificar el artículo 35 de la Constitución, que actualmente reconoce a los privados de libertad como un grupo en situación de vulnerabilidad que merece atención prioritaria del Estado.
A más de un mes de su presentación, el trámite no ha salido del Legislativo y no existe una fecha definida para su envío a la Corte Constitucional, lo que ha generado cuestionamientos sobre el interés real del bloque oficialista en acelerar el proceso.
El trámite sobre el proyecto de enmienda constitucional sigue incompleto
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa ya conoció la propuesta y emitió un informe favorable, habilitando su avance dentro del procedimiento parlamentario. Sin embargo, el siguiente paso, a cargo de la coordinación jurídica de la Asamblea, aún no se ha cumplido.
Este consiste en elaborar el documento que debe ser remitido a la Corte Constitucional, acompañado de la solicitud de dictamen de vía, que permitirá determinar si el cambio corresponde a una enmienda o a una reforma parcial de la Carta Magna.
Aunque desde la Asamblea se ha señalado que el envío podría concretarse en los próximos días, el retraso ha alimentado críticas desde otros bloques políticos.
Corte Constitucional y tiempos indefinidos
Una vez que el proyecto llegue a la Corte Constitucional, el organismo no tiene un plazo fijo para pronunciarse, aunque el análisis podría tomar alrededor de 20 días. Su resolución será determinante, ya que de ella depende que la Asamblea pueda continuar con el debate legislativo.
Si la Corte da luz verde, el proyecto deberá someterse a dos debates en el Pleno, con al menos un año de diferencia entre cada uno, conforme a lo que establece la normativa vigente.
Falta de votos y cálculos políticos
Más allá del trámite jurídico, el proyecto enfrenta un escenario político complejo. Para su aprobación final se requieren 101 votos, una cifra que ADN no alcanza. Incluso con sus aliados, el oficialismo suma cerca de 80 votos, por lo que necesitaría el respaldo del bloque correísta.
El asambleísta Juan Fernando Molina, de esa bancada, señaló que parte del retraso puede explicarse por el receso legislativo registrado entre el 22 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026. No obstante, advirtió que, si el tema fuera una prioridad, pudo haberse remitido a la Corte casi de inmediato.
Molina también cuestionó el enfoque de la propuesta y advirtió que reformar la Constitución o endurecer el marco penal no resolverá los problemas estructurales de inseguridad que enfrenta el país, los cuales, según dijo, requieren políticas públicas efectivas.
Defensa oficialista del Proyecto de enmienda constitucional
Desde el oficialismo, Lucía Pozo sostuvo que la enmienda cuenta con respaldo técnico y un sustento investigativo sólido. Aseguró que ADN trabajará para construir consensos en el segundo debate y obtener los votos necesarios para su aprobación.
Según la legisladora, el objetivo del proyecto es fortalecer la seguridad y responder a las demandas ciudadanas, siempre dentro del marco constitucional y con el aval previo de la Corte Constitucional.
Por ahora, la iniciativa permanece en pausa, atrapada entre los tiempos legislativos, las tensiones políticas y la falta de consensos necesarios para modificar la Constitución.
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