El nuevo proyecto de ley busca debilitar las economías criminales
El presidente Daniel Noboa presentó el 17 de mayo de 2025 un proyecto de ley con carácter económico urgente. Este tiene como objetivo principal desarticular la economía criminal relacionada con el conflicto armado interno. Se trata de la primera propuesta legislativa de este tipo tras su reelección. Además de establecer cambios en el marco jurídico y penal, el proyecto incluye incentivos fiscales y económicos. Estas medidas buscan incentivar la colaboración ciudadana y la inversión en sectores afectados por la violencia.
Donaciones a la fuerza pública como incentivo tributario
Una de las principales medidas del proyecto de ley es la posibilidad de reducir el Impuesto a la Renta para quienes donen suministros y equipamiento nuevo a la Policía y las Fuerzas Armadas. Este beneficio puede alcanzar hasta el 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución. La intención del Gobierno es mejorar la capacidad operativa de las fuerzas del orden sin aumentar directamente el gasto público.
Apoyo a emprendedores y productores
Otra medida relevante es la creación de un incentivo económico anual, entregado de forma discrecional por el Presidente. Este estará enfocado en pequeños y medianos productores, jóvenes y adultos que buscan capacitarse, y actores de la economía popular. El incentivo se formalizará mediante decreto y estará condicionado a un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. Aunque no se especifica el monto a asignar, se considera una herramienta para impulsar la recuperación de las zonas afectadas.
Evaluación técnica del proyecto de ley
El proyecto de ley contempla una evaluación anual liderada por el Bloque de Seguridad, el Ministerio de Finanzas y otras entidades. Esta revisión medirá su impacto y alineación con el Plan Anual de Inversiones. Con ello se pretende garantizar que los recursos se utilicen de manera estratégica y con resultados verificables.
Incentivos como herramienta de reconstrucción social
Aunque no se detallan cifras concretas sobre los posibles efectos en la recaudación fiscal, el proyecto de ley se presenta como una respuesta integral frente a la violencia. Su enfoque combina seguridad y estímulos económicos para reconstruir el tejido social en territorios marcados por el crimen organizado.
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