El proyecto de ley urgente de minería y energía avanzó al pleno de la Asamblea Nacional luego de que la Comisión de Desarrollo Económico lo aprobara con seis votos a favor la noche del 12 de febrero de 2026. La iniciativa, enviada con carácter económico urgente, abrió un fuerte debate político y ambiental.
Debate político alrededor del proyecto de ley urgente de minería y energía
La discusión sobre el proyecto de ley urgente de minería y energía se dio en medio de cuestionamientos de la oposición, que criticó la falta de participación de colectivos ambientalistas en la sesión.
Legisladores señalaron que la Comisión no permitió la intervención de organizaciones que habían solicitado comparecer. Según la oposición, esa decisión afectó la pluralidad del debate y podría generar cuestionamientos legales.
Además, los críticos advirtieron que el proyecto de ley urgente de minería y energía modifica el esquema de licencias ambientales. El texto plantea sustituir la licencia por una autorización administrativa en determinadas fases y unificar etapas como exploración inicial, exploración avanzada y estudio de prefactibilidad en un solo trámite.
Para sus detractores, estos cambios reducen controles técnicos y podrían afectar zonas sensibles, especialmente aquellas con recursos hídricos.
Cambios en el sector eléctrico
Otro punto clave del proyecto de ley urgente de minería y energía es la ampliación de delegaciones a empresas privadas en el sector eléctrico hasta por 30 años.
La oposición cuestionó que la propuesta no detalle con claridad mecanismos de control tarifario ni normas de transparencia contractual. Por ello, algunos legisladores pidieron archivar el proyecto antes de su paso al pleno.
Argumentos a favor del proyecto de ley urgente de minería y energía
En contraste, el oficialismo defendió el proyecto de ley urgente de minería y energía como una herramienta para fortalecer los sectores estratégicos y mejorar la economía.
La propuesta se apoya en cinco ejes: simplificación de trámites para atraer inversión minera formal, combate a la minería ilegal, estabilidad financiera del sector eléctrico mediante concesiones, impulso a energías renovables y mejor uso de la renta minera para inversión social.
Además, el texto incluye una disposición sobre consultas populares. Establece que, si una consulta limita la actividad minera antes de la fase de explotación, no habrá derecho a indemnización porque no existe un derecho adquirido.
Próximo paso legislativo
Con seis votos a favor y tres en contra, la Comisión aprobó el informe y envió el proyecto de ley urgente de minería y energía al pleno de la Asamblea.
Ahora, los legisladores deberán debatir el contenido y decidir si introducen cambios o si lo aprueban como está. La votación final marcará el rumbo de la política minera y energética del país.
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