La propuesta de reforma al régimen especial de seguridad social de las Fuerzas Armadas quedó en suspenso tras no alcanzar los votos necesarios en la Comisión del Derecho al Trabajo de la Asamblea Nacional. El proyecto, que planteaba elevar hasta 26 años el tiempo de aportes para el retiro militar, provocó cuestionamientos políticos y malestar en el personal uniformado, debido a su impacto directo en las pensiones y a la falta de socialización previa.
La iniciativa buscaba modificar aspectos sensibles del sistema de pensiones administrado por el Issfa, afectando a militares en servicio activo y a quienes están próximos al retiro. El debate dejó en evidencia tensiones internas en la Asamblea y alertas sobre una posible regresividad de derechos adquiridos.
Rechazo al informe y críticas al procedimiento legislativo
Asambleístas de la Revolución Ciudadana que integran la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social frenaron el avance del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. El informe no alcanzó la mayoría necesaria para pasar a primer debate.
La sesión, realizada la tarde del viernes 30 de enero de 2026, estuvo marcada por cuestionamientos al procedimiento seguido para la elaboración del informe. El documento, de cerca de 500 páginas, fue remitido a los legisladores apenas un día antes de su tratamiento, lo que, según varios asambleístas, impidió un análisis técnico adecuado en un tema de alto impacto social y económico.
Malestar militar y alertas políticas
Fuentes legislativas y reportes periodísticos advirtieron que la propuesta ya había generado un fuerte malestar dentro de las Fuerzas Armadas. Personal militar expresó su inconformidad por los cambios al sistema de pensiones y por sentirse excluido del proceso de discusión.
Este contexto coincidió con el retorno anticipado del presidente Daniel Noboa desde Panamá a finales de enero. Desde el Ejecutivo se argumentó una emergencia, aunque fuentes internas señalaron que la tensión generada por esta reforma fue uno de los factores que influyeron en esa decisión.
Cambios al cálculo de pensiones bajo cuestionamiento
Uno de los puntos más criticados del proyecto fue la modificación de la fórmula de cálculo de las pensiones de retiro. La reforma afectaba principalmente a militares que ya acumulan 20 años o más de aportes, quienes demandan que se respeten las condiciones vigentes antes de octubre de 2016.
Legisladores de la Revolución Ciudadana señalaron que el reforma a la seguridad social no recogió todos los aportes realizados durante el trámite en comisión y calificaron el texto como apresurado. También alertaron que elevar los años de aportación podría vulnerar el principio constitucional de no regresividad de derechos.
Propuesta de aumentar años de servicio y aportes
El proyecto establecía un incremento del tiempo mínimo de servicio para acceder al retiro. Para la salida forzosa, el requisito se elevaba de 20 a 25 años, mientras que para el retiro voluntario se incrementaba hasta 26 años.
Según el sustento técnico incluido en la propuesta de la reforma a la seguridad social, estos cambios responden a problemas estructurales de financiamiento del sistema de pensiones. El documento señala que la esperanza de vida alcanza los 73 años en hombres y 80 años en mujeres, lo que genera un desbalance entre los años de aporte y el tiempo durante el cual se pagan las pensiones.
Reducción del porcentaje de la pensión y nuevos descuentos
Otro eje crítico de la iniciativa fue la reducción de la base reguladora de la pensión por retiro voluntario, que pasaría del 85% al 80%. Adicionalmente, se planteó un descuento del 1% de la pensión para financiar el Seguro de Enfermedad y Maternidad del Issfa.
Estos cambios generaron inquietud entre militares activos y pasivos, quienes consideran que la reforma modifica las condiciones bajo las cuales planificaron su carrera y su retiro.
Oficialismo defendió la reforma, pero no logró consenso
Desde el bloque oficialista, el presidente de la comisión, Eckenner Recalde, defendió la legitimidad del informe y aseguró que su elaboración comenzó en junio de 2025, con la participación de personal militar activo y pasivo, asesores y abogados.
A favor del informe votaron cinco legisladores, mientras que cuatro se pronunciaron en contra y uno se abstuvo. Al no alcanzarse la mayoría requerida y no aplicarse el voto dirimente, la sesión fue suspendida y el proyecto quedó en pausa.
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