La reforma al COIP, Código Orgánico Integral Penal,impulsada desde el oficialismo encendió nuevas alertas sobre la libertad de expresión en Ecuador. El proyecto aparece en un escenario político marcado por denuncias de corrupción, juicios políticos y cuestionamientos a altas autoridades del Estado. La iniciativa, presentada en enero de 2024, busca modificar el artículo 396 del COIP y podría afectar el derecho ciudadano a fiscalizar a los funcionarios públicos.
Una reforma que surge en un momento sensible
La asambleísta Camila León, del movimiento Acción Democrática Nacional, presentó la propuesta cuando varios ministros enfrentaban críticas por contratos fallidos en generación termoeléctrica. También coincidió con investigaciones por lavado de dinero ligado al crimen organizado. Además, el proyecto apareció durante el trámite del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.
Este contexto llevó a gremios periodísticos y organizaciones civiles a cuestionar la verdadera motivación de la reforma al COIP. Para estos sectores, el momento político no resulta casual.
Rechazo del sector periodístico y alertas jurídicas
La Federación Nacional de Periodistas afirmó que la propuesta vulnera derechos constitucionales. También advirtió que contradice tratados internacionales ratificados por Ecuador, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ello, solicitó al Consejo de Administración Legislativa que no califique el proyecto.
El Observatorio de las Libertades Ciudadanas alertó que la reforma al COIP daría a los jueces penales la facultad de decidir cuándo una opinión está protegida por la ley. Según la organización, esto abre la puerta a interpretaciones subjetivas y genera incertidumbre jurídica. Como consecuencia, la crítica pública podría verse limitada.
Temor a un mecanismo de silenciamiento
Analistas y defensores de derechos coinciden en que la propuesta podría convertirse en una herramienta para amedrentar a periodistas, medios y ciudadanos. Exdirectivos de gremios editoriales y observatorios de derechos humanos comparan la iniciativa con mecanismos usados durante el correísmo para judicializar opiniones y sancionar investigaciones periodísticas.
La preocupación central es que los funcionarios públicos, en lugar de responder políticamente a las críticas, recurran a denuncias penales como forma de presión, debilitando el debate democrático y el control social.
El debate sobre el estándar internacional
La reforma plantea que el juzgador verifique si una manifestación se enmarca en la libertad de expresión conforme a estándares constitucionales e interamericanos. Sin embargo, expertos constitucionalistas recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara en señalar que los conflictos derivados de expresiones sobre asuntos de interés público deben resolverse, como regla general, por la vía civil y no penal.
Permitir la intervención del derecho penal en este tipo de casos podría contradecir ese estándar y generar inseguridad jurídica para periodistas y ciudadanos.
Libertad de expresión y escrutinio público
Organizaciones de la sociedad civil subrayan que los funcionarios públicos administran recursos del Estado y, por lo tanto, deben estar sujetos a un nivel más alto de escrutinio. Limitar la crítica no solo afecta a la prensa, sino también al derecho de los ciudadanos a informarse y a evaluar la gestión pública.
El debate sobre esta reforma no solo es jurídico, sino profundamente democrático: pone en juego el equilibrio entre el poder del Estado y la voz de la ciudadanía.
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