La Comisión de Desarrollo Económico aprobó, con seis votos a favor, el informe para segundo debate del proyecto de Reforma al Cootad, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que obligará a municipios y prefecturas a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión en obra pública desde 2026.
La iniciativa, enviada con carácter urgente por el Ejecutivo, avanzó en medio de cuestionamientos de la oposición por la exclusión de autoridades locales que solicitaron comparecer durante el trámite legislativo.
Reforma al Cootad aplicará regla 70/30 y control del gasto local
El eje central de la propuesta es la incorporación de reglas fiscales obligatorias para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. El texto establece que al menos el 70% del presupuesto deberá orientarse a inversión en infraestructura, mantenimiento y servicios básicos como agua potable, alcantarillado, saneamiento y vialidad, mientras que el 30% restante podrá destinarse a gasto corriente, principalmente sueldos y estructura administrativa.
La presidenta de la comisión, Valentina Centeno, defendió la Reforma al Cootad como un mecanismo para ordenar las finanzas locales sin reducir los presupuestos asignados ni modificar la regla constitucional de asignación mínima. Tras el primer debate, realizado el 14 de febrero, se excluyó a las juntas parroquiales rurales del alcance de la norma.
Según lo expuesto en la sesión, existen municipios que destinan más del 100% de su presupuesto a gasto corriente. Se mencionaron casos como Daule, con 181%, además de Azogues y Manta. También se señaló que en 2025 el gasto en festividades a nivel nacional alcanzó los USD 63 millones.
La propuesta incorpora además obligaciones de transparencia y rendición de cuentas trimestrales bajo el esquema 70/30, con el fin de garantizar que los recursos públicos se orienten prioritariamente a infraestructura y servicios.
Críticas por sanciones y falta de comparecencias
Desde la Revolución Ciudadana se presentó un informe de minoría que recomienda archivar el proyecto. El legislador Diego Salas sostuvo que la medida impone una camisa de fuerza que no considera las realidades territoriales y advirtió que el articulado contempla sanciones en caso de incumplimiento.
Si un GAD no respeta el porcentaje establecido, las transferencias podrían limitarse a los topes previstos en el artículo 271 de la Constitución. El ministerio rector informaría a la Contraloría y exigiría reportes y publicaciones adicionales.
La oposición alertó que eventuales recortes o congelamientos de recursos impactarían en servicios como la recolección de basura, el bacheo de calles, el mantenimiento de vías rurales, la reparación de sistemas de agua potable y el abastecimiento de combustible para maquinaria.
La legisladora Mabel Méndez también cuestionó la ausencia de autoridades locales y representantes de los GAD que solicitaron participar en el debate, y advirtió posibles vicios de inconstitucionalidad.
Votación y próximos pasos en la Asamblea
El informe fue aprobado con seis votos a favor, dos en contra y una abstención. Ahora deberá ser distribuido a los 151 legisladores y, tras cumplirse el plazo de 48 horas establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea deberá incluirlo en el orden del día para su segundo debate.
La normativa dispone que el debate se realice en una sola sesión. En caso de que el informe de mayoría no alcance los votos necesarios, el pleno podrá someter a votación el informe de minoría que plantea el archivo del proyecto.
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