La reforma penitenciaria impulsada por la bancada oficialista ADN busca transformar el sistema carcelario ecuatoriano mediante nuevas reglas de control, seguridad y rehabilitación. El proyecto de ley, aprobado en informe para segundo debate en la Comisión de Seguridad Integral, plantea medidas como el trabajo obligatorio para personas privadas de libertad, un régimen especial para internos considerados de alto riesgo y la incorporación temporal de policías y militares retirados al sistema penitenciario.
La iniciativa, denominada Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, pretende reorganizar el control estatal de las cárceles y reforzar las capacidades de seguridad frente al crimen organizado que opera dentro de los centros de reclusión.
Entre los cambios propuestos se incluyen reformas a seis marcos legales vigentes, entre ellos el Código Orgánico Integral Penal, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley de Seguridad Pública y la normativa de uso legítimo de la fuerza.
Trabajo obligatorio dentro del sistema penitenciario
Uno de los puntos centrales del proyecto establece que las personas privadas de libertad deberán realizar actividades laborales durante su permanencia en prisión. La medida busca que los internos generen recursos para cubrir parte de sus necesidades básicas y contribuir al sostenimiento de su estancia en los centros de rehabilitación social.
La propuesta fue impulsada por el asambleísta Andrés Castillo y quedó incluida en una disposición transitoria que fija un plazo máximo de 36 meses para que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social implemente formalmente esta política laboral en las cárceles del país.
Según los proponentes, este esquema pretende fortalecer los procesos de rehabilitación mediante la productividad y al mismo tiempo reducir la carga económica que representa el sistema penitenciario para el Estado.
Régimen especial en la reforma penitenciaria para internos de alto riesgo
Otro de los cambios más relevantes de la reforma penitenciaria es la creación de un régimen penitenciario especial dirigido a internos considerados de alta peligrosidad. Este sistema diferenciado permitiría ubicar a determinados reclusos en centros o pabellones de máxima seguridad según evaluaciones técnicas sobre su nivel de riesgo.
El régimen podría aplicarse tanto a personas con sentencia como a procesados con auto de llamamiento a juicio e incluso a detenidos en prisión preventiva cuando existan indicios de vínculos con delitos como narcotráfico, terrorismo o delincuencia organizada.
Además, los internos clasificados como de alto riesgo no podrían acceder a regímenes semiabiertos ni abiertos, y muchas de sus actividades, como audiencias judiciales o comunicaciones con abogados, se realizarían mediante medios telemáticos para reducir riesgos de traslado y coordinación delictiva.
Más control estatal y nuevas unidades de seguridad
El proyecto también plantea una transformación del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, que pasaría a operar como una entidad técnica armada con un régimen jurídico especial. Esta estructura asumiría funciones como el control interno de los centros de rehabilitación social, la realización de requisas con tecnología no invasiva y la custodia de traslados de internos.
Adicionalmente, se propone la creación de Grupos Especiales de Seguridad Penitenciaria, unidades diseñadas para intervenir en situaciones críticas como motines o disturbios dentro de las cárceles.
El plan contempla también el establecimiento de un subsistema de inteligencia penitenciaria encargado de detectar riesgos, prevenir delitos y desarticular redes criminales que operan desde el interior de los centros de reclusión.
Reforma penitenciaria incorpora militares y policías retirados
Ante el déficit de personal penitenciario, la reforma penitenciaria propone incorporar de manera temporal y excepcional a policías y militares en servicio pasivo. Estos uniformados podrían integrarse a las labores de seguridad en los centros de rehabilitación social luego de completar un programa intensivo de formación.
Para incentivar su participación, el proyecto plantea modificaciones a las normas de seguridad social de la Policía y de las Fuerzas Armadas que permitirían a estos funcionarios conservar el 100% de su pensión de retiro mientras perciben un salario por su nuevo trabajo dentro del sistema penitenciario.
Según los impulsores de la iniciativa, esta medida permitiría fortalecer rápidamente la seguridad carcelaria mientras se consolida una estructura profesional permanente dentro del sistema.
Debates y cuestionamientos a la propuesta
Aunque la reforma se presenta como una respuesta a la crisis carcelaria que atraviesa Ecuador, varias instituciones y legisladores han advertido que algunos puntos podrían generar controversia.
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la posibilidad de aplicar el régimen especial a personas que aún no tienen una sentencia ejecutoriada. Críticos del proyecto sostienen que trasladar a procesados a centros de máxima seguridad podría interpretarse como una anticipación de la pena si no existen criterios técnicos claros.
También se han expresado preocupaciones sobre las restricciones a visitas y comunicaciones, especialmente por su posible impacto en el derecho a la defensa y en el acceso efectivo de los abogados a sus representados.
Otros organismos han advertido que el sistema para adolescentes infractores debe mantener un enfoque socioeducativo y restaurativo, por lo que la participación directa de estructuras de seguridad penitenciaria en esos espacios podría contradecir principios constitucionales de protección especial.
Mientras el proyecto avanza hacia el segundo debate legislativo, el país se enfrenta a una discusión profunda sobre el equilibrio entre seguridad, derechos humanos y el futuro del sistema penitenciario.
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