El Gobierno de Ecuador anunció que impulsará reformas al sector eléctrico luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional una disposición que permitía delegar, de forma excepcional, servicios energéticos a empresas privadas por razones de interés público.
El pronunciamiento oficial se dio en un escenario de tensión institucional entre el Ejecutivo y el máximo órgano de control constitucional, tras un fallo que el presidente Daniel Noboa calificó como político y perjudicial para la estabilidad energética del país.
Contexto del fallo constitucional
La Corte Constitucional resolvió declarar inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Dicha norma facultaba al Estado a delegar, de manera excepcional, actividades del sector eléctrico a empresas privadas cuando se considerara necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general.
Según el tribunal, la causal establecida era demasiado amplia y carecía de criterios concretos que permitieran justificar la excepcionalidad, lo que vulneraba principios constitucionales como la seguridad jurídica y el control estatal sobre sectores estratégicos.
Reacción del Ejecutivo y anuncio de reformas
Tras conocerse la sentencia, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que trabajará en una propuesta de reforma legal orientada a definir condiciones técnicas, claras y verificables para futuras delegaciones excepcionales al sector privado.
El objetivo, según la cartera de Estado, es otorgar mayor certeza jurídica a los proyectos energéticos, reforzar la planificación estatal y mantener el control público del sistema eléctrico, sin afectar el desarrollo de nuevas inversiones.
Reforma estructural del sector eléctrico
El Ejecutivo anticipó que la propuesta incluirá una reforma estructural del marco normativo y regulatorio del sector eléctrico. Esta iniciativa busca fortalecer la planificación, la transparencia, la calidad del servicio, la inversión responsable y la transición energética.
Desde el Gobierno se sostiene que estas reformas permitirán consolidar un sistema eléctrico más eficiente y resiliente, capaz de responder al aumento sostenido de la demanda energética del país bajo reglas claras y sostenibles.
Críticas del presidente Daniel Noboa
El presidente Daniel Noboa cuestionó públicamente la decisión de la Corte Constitucional a través de sus redes sociales. Afirmó que el fallo responde a intereses políticos y no a un análisis jurídico aislado, y advirtió que limita la generación de empleo, energía y estabilidad para las familias ecuatorianas.
Además, el mandatario expuso a los jueces constitucionales que votaron a favor de la sentencia y criticó la prohibición de concesionar energía a privados bajo el esquema eliminado.
Lo que permite la sentencia
Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad, la Corte aclaró que el Estado aún puede delegar servicios eléctricos en circunstancias específicas. Entre ellas, cuando las empresas públicas o mixtas no puedan cubrir la demanda, o en proyectos vinculados a energías renovables no convencionales.
El Ministerio de Ambiente y Energía señaló que la decisión no afecta delegaciones anteriores, ya que sus efectos aplican únicamente hacia el futuro.
Escenario energético y riesgo de sequía
El fallo y el anuncio de reformas se producen en medio de alertas por la reducción de lluvias en las cuencas hidrográficas que abastecen a las principales hidroeléctricas del país. Sin embargo, el Gobierno descartó la posibilidad de apagones como los registrados en 2024.
Según el Ejecutivo, las reformas anunciadas buscan prevenir nuevas crisis energéticas y garantizar la continuidad del servicio eléctrico mediante una mejor planificación e inversión estratégica.
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