La bancada de la Revolución Ciudadana anunció que acudirá a la Corte Constitucional del Ecuador para presentar una acción pública de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), aprobada con 77 votos en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador.
La asambleísta Patricia Núñez confirmó que el bloque considera que la normativa vulnera principios constitucionales tanto en su forma como en su contenido, y adelantó que solicitarán la suspensión provisional de la ley mientras se resuelve el caso.
Bancada de la Revolución Ciudadana hace cuestionamientos por el trámite urgente
Uno de los principales argumentos se centra en la calificación del proyecto como económico urgente por parte del Ejecutivo. Según la legisladora, la aplicación de la regla 70/30 será progresiva:
- 65% de inversión en 2026
- 67% en 2027
- 70% en 2028
Desde su perspectiva, la gradualidad demuestra que no existía una urgencia real que justificara un tratamiento acelerado, lo que a su criterio vulnera el principio constitucional de urgencia.
También señaló que durante el debate en comisión no se permitió la comparecencia de representantes de gobiernos locales como la Prefectura de Pichincha ni de alcaldías como Quito o Cuenca, lo que —según afirmó— limitó la deliberación democrática.
Posible reducción de recursos para los GAD
En el análisis de fondo, la bancada sostiene que la reforma afecta la autonomía financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La norma establece que, en caso de incumplir la regla 70/30, la participación en ingresos permanentes y no permanentes podría reducirse del 21% y 10% al 15% y 5%, respectivamente. Para el bloque legislativo, esta medida representa una regresión que impactaría directamente en los servicios que reciben los ciudadanos.
La asambleísta advirtió que la reducción presupuestaria no afectaría únicamente a las instituciones, sino a la población que depende de programas sociales, obras públicas y servicios municipales.
Revolución Ciudadana pone en debate sobre igualdad y seguridad jurídica
Otro de los puntos cuestionados es que la reforma aplicaría las mismas exigencias a municipios grandes y pequeños, sin considerar sus diferencias económicas y territoriales. A criterio de la bancada de Revolución Ciudadana, esto podría vulnerar el principio de igualdad material.
Además, expresaron reparos sobre las facultades de control otorgadas al Ministerio de Finanzas, al considerar que podrían generar inseguridad jurídica en la administración presupuestaria de los gobiernos locales.
Riesgos para programas sociales y deuda pendiente
La legisladora aseguró que existen alertas de organizaciones sociales respecto al posible impacto en programas dirigidos a niñez, mujeres y grupos de atención prioritaria, especialmente en ciudades como Quito y Guayaquil.
También sostuvo que el Gobierno mantiene una deuda cercana a 1.000 millones de dólares con los GAD, y que la aplicación de la reforma podría derivar en recortes que afecten el cumplimiento de esas obligaciones.
Lo que viene en el proceso constitucional
La bancada de la Revolución Ciudadana presentará la acción pública de inconstitucionalidad en los próximos días y solicitará la suspensión provisional de la ley mientras el máximo órgano de control constitucional analiza el caso.
Además, impulsarán la presentación de amicus curiae por parte de actores sociales y autoridades locales para respaldar la demanda, que incluirá la revisión integral de los artículos reformados del COOTAD.
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