El caso del robo a youtuber coreano en Quito provocó un pronunciamiento institucional de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. El gremio rechazó declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg. Sus afirmaciones surgieron tras la liberación de un implicado en el hecho.
El incidente ocurrió en el Centro Histórico de la capital. Sin embargo, el debate actual se centra en decisiones judiciales posteriores. Además, la controversia involucra principios procesales y competencias legales dentro del sistema penal ecuatoriano.
Declaraciones del ministro y reacción judicial
Después del robo a youtuber coreano en Quito , el ministro Reimberg cuestionó públicamente al juez Roberto Carlos Cueva Astudillo. El magistrado dispuso la libertad de Luis Xavier T.T., horas después de su detención policial. En cadena nacional, el ministro afirmó que el sospechoso tenía antecedentes por robo y tráfico de drogas.
Además, sostuvo que la liberación no era un error procesal, sino un acto grave contra el país. Estas expresiones motivaron una respuesta formal del gremio judicial. Por lo tanto, la Asociación de Magistrados defendió la actuación del juez.
Robo a youtuber coreano en Quito: Motivos de la liberación del detenido
La detención del sospechoso no se produjo directamente por el robo a youtuber coreano en Quito . Fue arrestado el 23 de enero por otro presunto delito vinculado al microtráfico. La Policía encontró 24 fundas de marihuana en su poder.
Sin embargo, la Fiscalía determinó que la sustancia correspondía a consumo personal. El peso total fue de 12,52 gramos, según el parte policial. En consecuencia, el Ministerio Público concluyó que no existían elementos para formular cargos por tráfico.
Respecto al robo a youtuber coreano en Quito , la Asociación aclaró que esa causa no estaba bajo conocimiento del juez. Por lo tanto, no podía tratarse en la audiencia de flagrancia. Ese proceso pertenece al ámbito de la investigación previa dirigida por la Fiscalía.
Argumentos jurídicos de la Asociación de Jueces
La Asociación sostuvo que las declaraciones del ministro carecen de sustento fáctico y jurídico. Además, advirtió que desconocen principios esenciales como la legalidad, el debido proceso y la independencia judicial. Según el gremio, estas afirmaciones también exponen a riesgos a los operadores de justicia.
El comunicado explica que la Fiscalía solicitó expresamente no calificar la flagrancia ni formular cargos. Esto se debió a que no se cumplían los requisitos legales establecidos en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, el juez no tenía facultad para iniciar un proceso penal de oficio.
En consecuencia, el magistrado ordenó la libertad del ciudadano ante la ausencia de cargos formales. Según la Asociación, esa decisión se ajusta al marco constitucional y a la normativa penal vigente.
Así, el caso del robo a youtuber coreano en Quito trascendió el hecho delictivo inicial. Ahora se convirtió en un debate sobre garantías procesales y límites de la función judicial.
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