En menos de cuatro años, seis autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) enfrentaron juicios políticos en la Asamblea Nacional. Este número evidencia una inestabilidad constante en el organismo encargado de administrar y disciplinar a la Función Judicial. El episodio más reciente involucra a su actual presidente, Mario Godoy, quien afronta un proceso de interpelación por presunto incumplimiento de funciones.
El plazo para entregar pruebas vence a las 23:59 del 31 de enero de 2026. Tanto la acusación como la defensa deben presentar su documentación ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.
El proceso político contra Mario Godoy
Cinco asambleístas de la Revolución Ciudadana impulsaron el juicio político contra Mario Godoy. Se trata de Viviana Veloz, Raúl Chávez, Franklin Samaniego, Liliana Durán y Xavier Lasso. Los legisladores acusan al funcionario de incumplir sus funciones como presidente del CJ.
La interpelación se relaciona con supuestas presiones ejercidas por Henry Gaibor, exdirector del CJ de Pichincha, sobre el juez anticorrupción Carlos Serrano. Según la acusación, estas acciones buscaban influir en una sentencia vinculada a un caso de narcotráfico.
El sustento legal del proceso se apoya en el artículo 168 de la Constitución, que obliga a garantizar la independencia judicial y la transparencia en la administración de justicia.
Si la Asamblea determina su responsabilidad, Godoy podría enfrentar censura, destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. Esto abriría una nueva etapa de crisis institucional en el CJ.
El antecedente de 2022: cuatro autoridades bajo la lupa
En 2022, la Asamblea Nacional convocó a juicio político a cuatro autoridades del Consejo de la Judicatura. El correísmo, entonces agrupado en la bancada de la ex UNES, junto al Partido Social Cristiano, buscó la destitución de los vocales Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, además de la censura de la expresidenta María del Carmen Maldonado.
Las acusaciones señalaban que no se convocó a un concurso público para cubrir un déficit aproximado de 400 jueces y fiscales, ni se evaluó a 16 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Aunque los funcionarios evitaron la destitución, Barreno y Morillo abandonaron el CJ meses después por procesos penales impulsados por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias.
Fausto Murillo y su segunda destitución
Fausto Murillo volvió a enfrentar un juicio político en febrero de 2024, cuando ejercía la presidencia del CJ. El 29 de ese mes fue censurado y destituido con los votos del correísmo, el PSC y Acción Democrática Nacional.
Las acusaciones incluyeron no haber denunciado oportunamente a Barreno y Morillo, así como no regular la homologación salarial de los servidores judiciales, un problema arrastrado desde 2007.
Wilman Terán y el impacto del caso Metástasis
Wilman Terán asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura el 13 de febrero de 2023 y renunció el 20 de diciembre del mismo año, tras ser involucrado en el caso Metástasis, que destapó una red de corrupción en el sistema judicial.
El 25 de noviembre de 2024, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia lo sentenció a nueve años de prisión. A pesar de ello, Terán evitó la censura política en la Asamblea, donde se tramitó un juicio en su contra impulsado por el movimiento Construye.
Solanda Goyes evita la censura
El último episodio previo al caso Godoy involucró a la vocal Solanda Goyes. Acción Democrática Nacional la acusó de incumplimiento de funciones en un proceso de designación de jueces constitucionales.
El 12 de agosto de 2025, con los votos del correísmo, un sector de Pachakutik e independientes, Goyes se salvó de la destitución. Concluyó su periodo como vocal del Consejo de la Judicatura en septiembre de ese mismo año.
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