A casi un año de las próximas elecciones seccionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) trabaja en un proyecto de reglamento para cumplir la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ordena establecer un sistema de monitoreo de la promoción electoral en redes sociales para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
La decisión surge tras el caso conocido como la ‘Liga Azul’, que en septiembre de 2024 derivó en sanciones por infracción electoral contra exconsejeros vinculados a la Revolución Ciudadana. El fallo del TCE es de obligatorio cumplimiento y su inobservancia podría constituir incumplimiento de funciones por parte de las autoridades electorales.
Sentencia del TCE, un reglamento enfocado en la elección del Cpccs
De acuerdo con fuentes internas del CNE, las áreas de asesoría jurídica, administrativa y financiera elaboran una propuesta normativa que permita implementar un mecanismo técnico de control sobre los contenidos difundidos en redes sociales durante la campaña electoral de 2027, cuando se elegirán siete nuevos vocales del Cpccs.
El exasesor electoral Alfredo Espinosa sostiene que la interpretación del CNE apuntaría a aplicar la sentencia exclusivamente a los aspirantes al Cpccs y no a los candidatos a alcaldías, prefecturas o juntas parroquiales. El objetivo central sería garantizar que la promoción digital respete el carácter independiente de esta elección y evitar injerencia de organizaciones políticas.
El antecedente de la ‘Liga Azul’ y los spots en redes
El fallo del TCE se originó tras analizar la campaña de 2023, cuando varios candidatos al Cpccs difundieron spots en redes sociales vistiendo color turquesa, identificado con la Revolución Ciudadana, y posteriormente aparecieron junto a la imagen del expresidente Rafael Correa solicitando el voto.
Entre los postulantes estuvieron Augusto Verduga, Hugo España, Vielka Párraga, Yadira Saltos, Jeanneth Lozada, Alembert Vera y Eduardo Franco Loor. Finalmente, solo tres alcanzaron los votos necesarios para posesionarse como vocales en 2023.
El TCE determinó que la promoción en redes sociales debe considerarse publicidad electoral y, como tal, estar sujeta a control por parte de los órganos de la Función Electoral dentro del ámbito de sus competencias.
Advertencias internas y pedido de correctivos
El 19 de diciembre de 2022, el entonces vicepresidente del CNE, Enrique Pita, envió un oficio a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, solicitando correctivos sobre determinados mensajes de campaña que podrían interpretarse como alineados a consignas partidistas.
En ese documento se advertía que los contenidos debían limitarse estrictamente a difundir nombres, trayectoria y propuestas, sin vinculación con partidos o movimientos políticos, tal como establece la normativa electoral vigente.
Cómo funcionaría el control en 2027 tras sentencia del TCE
Las fuentes consultadas anticipan que el modelo de fiscalización en redes podría asemejarse al que actualmente se aplica a la pauta electoral en radio, prensa, televisión y vallas publicitarias. No obstante, su implementación requerirá definir presupuesto, personal técnico especializado y una metodología clara de monitoreo digital.
El reglamento deberá establecer criterios para identificar cuándo una publicación constituye publicidad electoral y cómo verificar que no exista respaldo directo o indirecto de organizaciones políticas en la elección de los consejeros del Cpccs.
Con este proceso, el CNE busca llegar a 2027 con reglas claras para el control del contenido digital, en un contexto donde las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales de campaña y pueden influir de manera determinante en la intención de voto.
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