Sergio Peña enfrenta un juicio clave por el caso Danubio, en el que la Fiscalía lo señala como presunto líder de una red de asociación ilícita dentro del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. El proceso avanza hacia la audiencia del 18 de marzo de 2026, tras ocho diferimientos, con más de 10.900 fojas que incluyen interceptaciones telefónicas, pericias de audio y supuestos montajes financieros.
Sergio Peña en el centro del caso Danubio
El caso Danubio sacudió al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en 2021. La Fiscalía General del Estado sostiene que Sergio Peña dirigió una estructura que buscó captar cargos estratégicos mediante sobornos.
El fiscal Washington Burbano afirma que Sergio Peña se presentó como candidato técnico para la Subdirección General de Operaciones del Senae. Según la acusación, no actuó como observador, sino como coordinador del grupo.

Sergio Peña y la oferta de USD 3 millones
La Fiscalía asegura que la red ofreció USD 3 millones para asegurar el nombramiento. Juan José Aucancela habría planteado la cifra a una asesora de la dirección del Senae con el fin de facilitar la designación de Sergio Peña.
El Ministerio Público sostiene que esta oferta demuestra la intención de tomar control de un cargo clave en el comercio exterior. La acusación considera que el monto constituye un indicio directo de un acuerdo ilícito.
Interceptaciones que involucran a Sergio Peña
Los investigadores recopilaron llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con autorización judicial. En esas comunicaciones, Sergio Peña habría emitido órdenes y recibido reportes constantes.
Peritos analizaron los audios y concluyeron que la voz coincide con la del legislador. Los chats muestran mensajes que reflejan presión y expectativa por la designación. En uno de ellos se menciona que esa sería la semana decisiva y que recibiría una llamada desde la Secretaría de Presidencia.
Montajes de cheques y respaldo financiero
La investigación detectó fotografías de cheques certificados por USD 30 millones, capturas de cajeros con saldos superiores a USD 18 millones y fajos de dinero en efectivo junto a periódicos del día. La Fiscalía afirma que los implicados usaron esas imágenes para convencer a funcionarios de que contaban con recursos reales.
Uno de los procesados aceptó su responsabilidad mediante procedimiento abreviado y recibió sentencia. Según la acusación, colaboró en la elaboración de los montajes para respaldar la supuesta solvencia económica de la red.
Seguimientos y reuniones atribuidas
Agentes de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Eficiencia de la Administración Pública realizaron vigilancias presenciales. Un informe ubica a Peña en un hotel del norte de Quito el 25 de febrero de 2022.
El reporte señala que mantuvo reuniones relacionadas con el proceso de designación durante el gobierno de Guillermo Lasso. La Fiscalía incorporó estos seguimientos como parte de sus elementos de convicción.
Defensa de Sergio Peña y argumento del sigilo profesional
La defensa sostiene que las interceptaciones vulneran el sigilo profesional. Argumenta que Sergio Peña actuó como abogado y que sus conversaciones estaban protegidas por un contrato de servicios.
También afirma que no existió entrega de dinero ni nombramiento oficial. Por ello, considera que no se configuró el delito. Ha solicitado la nulidad del proceso y el sobreseimiento.
Juicio decisivo para Peña en 2026
El Tribunal Cuarto de Garantías Penales del Guayas fijó la audiencia para marzo de 2026 y advirtió que no aceptará más retrasos. La jueza ponente dejó constancia de que el proceso ya sufrió múltiples aplazamientos.
La audiencia definirá si las pruebas contra Peña demuestran la existencia de una red de asociación ilícita o si los argumentos de la defensa logran desvirtuar la acusación.
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