Desde el lunes 2 de febrero de 2026 rige la suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Napo. La medida fue oficializada mediante una resolución firmada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, como respuesta a informes técnicos que alertan sobre graves afectaciones ambientales.

La paralización no tiene una fecha definida de levantamiento y podría extenderse de manera indefinida, dependiendo de los resultados de monitoreo ambiental y de la regularización documental de las concesiones.
Medida basada en principios ambientales
El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) explicó que la decisión se fundamenta en los principios de precaución y prevención ambiental, así como en la obligación del Estado de proteger los derechos de la naturaleza, el agua y la salud de las comunidades.
Según la ministra Manzano, existen indicios de contaminación en el río Napo y afectaciones visibles en la zona, lo que motivó la intervención inmediata. Además, el Viceministerio del Agua deberá ejecutar un proceso de protección hídrica para evitar cualquier actividad minera en el afluente.
Despliegue institucional y control
Con la entrada en vigencia de la resolución, se desplegarán equipos de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el cumplimiento de la suspensión.
También se convocó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, presidido por la ministra Manzano, y se notificará a la Secretaría de Gestión de Riesgos. La ejecución de la resolución estará coordinada por el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim).
Impacto en El Oro y Loja
La medida no solo afecta a Napo. También se dispuso la paralización de las plantas de beneficio en Portovelo, provincia de El Oro, así como actividades relacionadas en Loja.
Exámenes realizados en los ríos Calera y Amarillo detectaron altos niveles de contaminación, con presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, además de cianuro, en concentraciones superiores a los límites permisibles. Según la ministra, se trata de “ríos sin vida” debido al impacto ambiental.
Las autoridades identificaron además la existencia de emisarios irregulares desde algunas plantas hacia los ríos, donde se descargarían residuos del procesamiento de material aurífero.
Suspensión sin plazo definido
La ministra Inés Manzano indicó que la medida se mantendrá hasta que se solucionen posibles irregularidades documentales en las concesiones y se avance en la reparación y restauración del río Napo. Este proceso podría tomar varios años.
El Gobierno busca también establecer un mayor orden en la pequeña minería y en los contratos de operación, en un contexto marcado por problemas de minería ilegal que afectan a varias provincias del país.
Fuente: El Universo
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