El origen de la denuncia presentada por el CNE
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tramita demanda presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el colectivo Yasunidos por USD 0,39 que presuntamente no fueron justificados en el informe económico de la campaña 2023 sobre la consulta del Yasuní. El proceso podría derivar en multas de USD 9.000 y la suspensión de derechos políticos por cuatro años para tres de sus dirigentes.
TCE tramita demanda por presunta inconsistencia en informe económico
La denuncia presentada por el CNE señala que existiría una diferencia de USD 0,39 en la rendición de cuentas de la campaña que impulsó la consulta popular para mantener el crudo bajo tierra en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní.
El organismo electoral trasladó el caso al TCE, que ahora deberá determinar si existió incumplimiento en la presentación de los informes financieros.
TCE tramita demanda mientras Yasunidos niega irregularidades
Alejandra Santillana, integrante del colectivo, afirmó que los 39 centavos observados sí constan en el informe documental y digital entregado al CNE. Según explicó, el monto fue debidamente registrado y justificado dentro del proceso de rendición de cuentas.
Desde Yasunidos consideran que la acción resulta desproporcionada frente al valor señalado y sostienen que cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa electoral.
TCE tramita demanda y se exponen sanciones de USD 9.000
De prosperar el proceso, tres personas que lideraron la campaña de 2023 podrían recibir multas de USD 9.000 cada una. Además, enfrentarían la suspensión de sus derechos políticos durante cuatro años.
Santillana advirtió que la eventual sanción tendría un impacto significativo no solo económico, sino también en la participación política de los involucrados.
Consulta popular y contexto político del proceso
En la consulta popular de 2023, el 60% de los votantes respaldó la propuesta de mantener el petróleo bajo tierra en el bloque 43 del Yasuní. El resultado fue considerado un precedente en materia ambiental y de democracia directa.
La activista también cuestionó que no se haya aplicado el mismo nivel de rigurosidad en otros casos vinculados a actividades proselitistas del presidente Daniel Noboa.
El colectivo indicó que espera que el TCE resuelva conforme a derecho y no descartó presentar una apelación en caso de un fallo adverso.
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