Ecuador y Colombia atraviesan un momento de alta tensión tras la imposición de una “tasa de seguridad” del 30% a los aranceles de productos colombianos. Lo que inició como una fricción diplomática por temas de seguridad fronteriza ha escalado hacia un conflicto comercial que amenaza con afectar la estabilidad económica, energética y política de ambos países.
Una medida que desata represalias
La decisión del presidente Daniel Noboa de incrementar los aranceles a las importaciones colombianas y encarecer el transporte de crudo generó una inmediata reacción desde Bogotá. Entre las medidas más sensibles está la suspensión del suministro eléctrico hacia Ecuador, que actualmente depende de Colombia para entre el 8% y el 10% de su consumo energético.
Este escenario incrementa el riesgo de apagones y presiona aún más a una economía que ya enfrenta dificultades estructurales. El conflicto deja de ser exclusivamente comercial para convertirse en un problema estratégico de seguridad energética.
Impacto económico y presión inflacionaria
El argumento oficial sostiene que la recaudación adicional financiará la lucha interna contra el crimen organizado. Sin embargo, desde el análisis económico, el efecto podría ser contrario. La retaliación colombiana afectaría las exportaciones ecuatorianas, reduciendo ingresos y anulando el supuesto beneficio fiscal.
Además, el incremento arancelario elevará los costos de productos importados, trasladando la carga al consumidor final. Esto puede provocar una contracción del consumo interno y un repunte inflacionario, debilitando al sector productivo nacional en lugar de fortalecer las finanzas públicas.
Seguridad y responsabilidad compartida
En el plano político, el Gobierno ecuatoriano busca presionar a Colombia para intensificar acciones contra el narcotráfico en la frontera. No obstante, desde Bogotá se argumenta que el problema se ha desplazado hacia Ecuador debido a debilidades en el control portuario y en la supervisión del lavado de activos.
La falta de una estrategia binacional coordinada complica la situación. En lugar de fortalecer la cooperación, el conflicto arancelario profundiza la desconfianza mutua y reduce las posibilidades de una solución conjunta en materia de seguridad.
Riesgos en la Comunidad Andina
Ecuador también enfrenta consecuencias dentro de la Comunidad Andina (CAN). La imposición unilateral de aranceles podría interpretarse como una vulneración de acuerdos de libre comercio, lo que abriría la puerta a sanciones y dejaría al país en una posición de mayor vulnerabilidad frente a sus socios regionales.
En un contexto internacional marcado por la consolidación de bloques económicos, debilitar la integración andina puede afectar la capacidad de negociación de las economías más pequeñas. La inserción estratégica en el mundo requiere alianzas sólidas y marcos jurídicos respetados.
Una salida negociada como alternativa
Frente al impasse, surge la propuesta de reemplazar el incremento arancelario general por salvaguardias específicas contempladas en el Acuerdo de Cartagena. Este mecanismo permitiría aplicar medidas temporales bajo criterios técnicos y con respaldo legal internacional, evitando un aislamiento diplomático y comercial.
El desafío para Ecuador no solo radica en mantener la soberanía fiscal, sino en preservar la estabilidad energética y la relación histórica con Colombia. Una negociación técnica y creativa podría evitar un desenlace perjudicial para ambos países.
Fuente:
El Comercio
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