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Más de 43 millones de barriles colombianos han pasado por el OCP desde 2013 y crece la incertidumbre bilateral

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Transporte binacional de crudo: un acuerdo que cumple casi 13 años

Desde febrero de 2013, Ecuador y Colombia mantienen un acuerdo binacional que facilita el transporte y exportación de hidrocarburos a través del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP). Este convenio permitió que el petróleo proveniente del sur de Colombia, especialmente de la región del Putumayo, utilice infraestructura ecuatoriana para llegar a mercados internacionales.

barriles OCP

El 5 de octubre de 2013 se transportó oficialmente el primer barril de crudo colombiano por el OCP. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2025, se han movilizado más de 43 millones de barriles, según registros de la empresa estatal que administra el sistema, en manos del Estado ecuatoriano desde diciembre de 2024.

Durante 2013, el primer año de operaciones, se trasladaron 547.236 barriles de empresas públicas y privadas colombianas, consolidando una relación energética que ha funcionado de manera sostenida por más de una década.

Volúmenes recientes y reducción del bombeo en 2026

Entre enero y noviembre de 2025, el transporte de crudo colombiano promedió alrededor de 17.200 barriles diarios a través del OCP y del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). En diciembre, el promedio bajó a unos 7.100 barriles diarios.

Sin embargo, entre el 1 y el 21 de enero de 2026, el volumen se redujo drásticamente a aproximadamente 331 barriles diarios, de acuerdo con cifras de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH).

A pesar de estos envíos, las cantidades resultan mínimas frente a la producción total de Colombia, que alcanzó 744.655 barriles diarios hasta noviembre de 2025, según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de ese país.

Las cifras de la ARCH contradicen declaraciones del ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, quien afirmó que desde diciembre ya estaba suspendido el transporte de crudo por un cierre fronterizo.

Tensión diplomática: energía eléctrica y posible reciprocidad

La situación se enmarca en un contexto de tensión bilateral luego de que Colombia suspendiera la venta de energía eléctrica a Ecuador desde las 18:00 del 22 de enero de 2026.

En respuesta, la ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, advirtió que “la tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”.

No obstante, el Gobierno ecuatoriano no ha detallado si la medida implicaría una suspensión total del bombeo o únicamente un ajuste en las tarifas. Tampoco ha precisado el alcance operativo de la decisión ni el impacto contractual que podría generar.

Alternativas colombianas y desafíos técnicos

Desde Colombia, el ministro Edwin Palma señaló que la crisis podría convertirse en una oportunidad para reducir la dependencia del OCP ecuatoriano. Entre las alternativas mencionadas está la reactivación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la búsqueda de puertos más cercanos.

Sin embargo, expertos como René Ortiz, exministro de Energía de Ecuador, advierten que reactivar el OTA no es una tarea sencilla ni inmediata. El sistema ha enfrentado históricamente problemas de seguridad, incluidos ataques a la infraestructura por parte de grupos armados, lo que generó inestabilidad en el bombeo y motivó en su momento la búsqueda de rutas alternas como el OCP.

Riesgos contractuales y posibles arbitrajes

Más allá del plano político, el mayor riesgo se ubica en el ámbito jurídico-comercial. Ecuador mantiene contratos de transporte con Ecopetrol y compañías privadas como Trafigura, GeoPark, Vetra y Productores Colombianos OSLA.

El analista energético Nelson Baldeón advierte que cualquier modificación unilateral de las condiciones podría exponer al país a controversias contractuales o arbitrajes internacionales, dependiendo de las cláusulas pactadas.

Un eventual freno total del transporte, si no está sustentado en causales válidas como fuerza mayor, seguridad o integridad de la infraestructura, podría activar reclamos por daños y perjuicios e incumplimiento contractual. Esto tendría implicaciones para la reputación país, la inversión extranjera y los costos litigiosos.

En la misma línea, el ingeniero petrolero Fernando Reyes señala que una suspensión afectaría principalmente a los productores del sur de Colombia, quienes tendrían dificultades logísticas para movilizar su crudo. En el peor de los escenarios, podrían verse obligados a utilizar transporte terrestre en tanqueros hacia puertos como Tumaco, lo que elevaría costos y riesgos.

Un equilibrio entre soberanía y estabilidad comercial

Ecuador ha señalado que prioriza su seguridad fronteriza, su balanza comercial y su seguridad energética. Sin embargo, cualquier decisión sobre el OCP deberá equilibrar estos intereses con la estabilidad contractual y la relación bilateral.

El desenlace dependerá de la “letra fina” de la eventual medida, así como del mecanismo jurídico que invoque el Gobierno ecuatoriano. Mientras tanto, el transporte de más de 43 millones de barriles en poco más de una década refleja la importancia estratégica del OCP en la integración energética regional.

Fuente: El Universo

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