Las tierras arrebatadas en Durán continúan sin ser restituidas a sus dueños originales, pese a la condena del exasambleísta Pablo Muentes. Han pasado casi dos años desde su captura. Sin embargo, los comuneros aseguran que el control de los predios permanece en manos de presuntos operadores vinculados a su red.
Además, varias asociaciones agropecuarias denuncian que existen trabas administrativas y estructuras societarias diseñadas para dilatar los procesos legales. Por lo tanto, la recuperación efectiva de las tierras arrebatadas en Durán se mantiene estancada.
Condena judicial y efectos limitados
Pablo Muentes fue condenado en marzo de 2025 por delincuencia organizada dentro del denominado Caso Purga. Actualmente cumple una pena de 13 años y cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad del Encuentro. No obstante, su sentencia no ha significado la devolución inmediata de las tierras arrebatadas en Durán.
La investigación judicial determinó que el exlegislador dirigía una red que utilizó jueces, notarios y funcionarios municipales. En consecuencia, se anularon registros catastrales legítimos. También se facilitaron desalojos violentos y adjudicaciones presuntamente irregulares.
Tierras arrebatadas en Durán: 140 hectáreas acuícolas aún en disputa
La Asociación de Productores Agropecuarios La Hormiga denuncia la pérdida de 140 hectáreas de camaroneras. Estas forman parte de las tierras arrebatadas en Durán que siguen bajo control de terceros.
Según su representante, 22 familias fueron desalojadas en 2021 mediante un operativo policial. Además, reportan el saqueo de su producción acuícola. Los terrenos pertenecían a antiguas haciendas adjudicadas legalmente por entidades agrarias en 2009 y 2014.
Sin embargo, una resolución posterior del Ministerio de Agricultura permitió un desalojo por supuesta invasión. Esta decisión es considerada irregular por los afectados.
Tierras arrebatadas en Durán: Mecanismos legales y entramados societarios
De acuerdo con testimonios expuestos en el Caso Purga, el mecanismo incluía nuevas adjudicaciones agrarias. Posteriormente, las tierras pasaban a empresas relacionadas con el entorno familiar de Muentes. Por consiguiente, rastrear la propiedad real se volvió más complejo.
Aunque en 2021 hubo un fallo favorable para la asociación, una segunda sentencia revocó esa decisión. El proceso debía seguir la vía contencioso-administrativa. Desde entonces, la restitución de las tierras arrebatadas en Durán permanece en litigio.
Un patrón que se repite en otras asociaciones
La situación no es aislada. La Asociación Atahulfo Cruz enfrenta un escenario similar. Sus representantes aseguran que nuevas inscripciones de propiedad han complicado la defensa legal.
Además, denuncian que el Ministerio de Agricultura no ha emitido actos administrativos para anular adjudicaciones cuestionadas. Por lo tanto, la inseguridad jurídica persiste sobre estas tierras arrebatadas en Durán.
Los comuneros advierten que el problema se extendió más allá de Muentes. Señalan la presunta continuidad del esquema mediante funcionarios locales. En consecuencia, el conflicto territorial sigue abierto.
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