El concurso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), correspondiente al periodo 2025–2031, se ha convertido en uno de los procesos más vigilados en Ecuador. Sin embargo, crecen las dudas sobre si tanta observación ciudadana garantizará la transparencia en el concurso a Fiscal.
Transparencia en el concurso a Fiscal: Comisión ciudadana bajo observación permanente
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) enfrenta el reto de integrar la comisión ciudadana que seleccionará al próximo Fiscal General. La sesión plenaria del 8 de octubre convocará a la fase de escrutinio público e impugnación para que la ciudadanía examine a los aspirantes.
El proceso incluye 42 delegados ciudadanos y 10 representantes de las funciones del Estado, entre ellos los de las ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. Además, el Cpccs aprobó un informe para incorporar 70 nuevos veedores, sumando más de 323 observadores acreditados a escala nacional.
A este grupo se añade la iniciativa denominada “Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso a Fiscal”, integrada por universidades, gremios profesionales y organizaciones como el Colegio de Abogados de Pichincha, la UNP, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Observatorio de Derechos y Justicia.
Cuestionamientos sobre la transparencia real del proceso
Aunque el Cpccs asegura que todo avanza con normalidad, surgen críticas sobre la transparencia en el concurso a Fiscal. Hugo Arteaga, coordinador de la veeduría del Cpccs, denunció que el proceso “carece de legalidad y sustento técnico”. Señaló además que muchos veedores “ni siquiera participan en las reuniones”, lo que resta credibilidad a la vigilancia.
Por su parte, Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, defendió el proceso y aseguró que el cronograma se cumple dentro de los plazos establecidos. Afirmó que la comisión de selección debería estar conformada antes de finalizar octubre y que todo concluirá en aproximadamente seis meses.
Transparencia en el concurso a Fiscal: Expertos advierten riesgos de politización
El jurista Paúl Córdova sostiene que ni las veedurías ni las comisiones garantizan la transparencia en el concurso a Fiscal, pues el reglamento no establece mecanismos que aseguren independencia ni imparcialidad. Considera que “la confianza ciudadana es mínima”, ya que el texto no protege el proceso de influencias políticas.
Córdova alertó que la participación de figuras vinculadas al poder, como el exministro José de la Gasca, podría debilitar la credibilidad del proceso. Además, criticó que las universidades y gremios que actúan como veedores solo pueden emitir pronunciamientos, sin capacidad real de incidencia.
La transparencia como desafío institucional
El jurista concluyó que los participantes deben estar preparados para presentar acciones de protección o denuncias formales si detectan irregularidades. En su criterio, la transparencia en el concurso a Fiscal solo se alcanzará si existe voluntad institucional y control social efectivo, condiciones que hoy parecen frágiles.
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