La convocatoria a una Asamblea Constituyente fue uno de los ejes de campaña del presidente Daniel Noboa. Desde su anuncio, distintas voces políticas y académicas han demandado claridad sobre el alcance, los plazos y la hoja de ruta de este proceso de reforma constitucional. Sin embargo, a más de seis meses de su presentación, el Ejecutivo nacional no ha entregado detalles concretos sobre cómo se pretende articular este mecanismo de participación ciudadana.
Respuesta oficial del Ministerio de Gobierno
El 22 de abril de 2025, EXPRESO consultó al Ministerio de Gobierno sobre el estado de la propuesta. En su respuesta, la Cartera de Estado afirmó que:
“Estamos analizando todas las opciones jurídicas y políticas para ir a la Asamblea Constituyente. La idea es ir pronto, a paso firme”.
No obstante, el comunicado careció de especificaciones acerca de los tiempos estimados, el diseño institucional de la convocatoria o los alcances temáticos que se discutirían una vez conformada la Asamblea Constituyente.
Incertidumbre en la hoja de ruta
Entre las preguntas enviadas al Ministerio de Gobierno se incluyeron:
- ¿Existe ya un cronograma definido para la convocatoria?
- ¿Cuál sería el plazo de vigencia de la Asamblea Constituyente?
- ¿Cómo se articularía su conformación en términos de representación y circunscripciones?
La respuesta, enfocada en un “análisis de opciones”, deja pendiente la definición de un estatuto claro que establezca las reglas del juego para este proceso, requisito imprescindible antes de someter cualquier propuesta al filtro de la Corte Constitucional.
El papel clave del estatuto constituyente
Según la especialista en Derecho Constitucional Pamela Aguirre Castro, el estatuto será el documento rector que definirá:
- Mecanismo de convocatoria: Quién y cómo promueve formalmente la convocatoria.
- Representación: Circunscripciones y criterios para elegir a los asambleístas constituyentes.
- Procedimientos de decisión: Mayorías requeridas para aprobar reformas y quórum.
La Corte Constitucional, en fallos previos, ha señalado que la conformación de cualquier Asamblea Constituyente debe respetar principios democráticos y garantizar la participación ciudadana más amplia posible.
Desafíos jurídicos y políticos
El Ejecutivo debe lidiar con dos grandes frentes:
- Control de constitucionalidad: Toda propuesta de estatuto y convocatoria debe ser evaluada por la Corte Constitucional, que puede objetar aspectos formales o de fondo.
- Consenso político: Lograr acuerdos con las distintas fuerzas parlamentarias y sociales para legitimar el proceso, evitando bloqueos o impugnaciones que retrasen la convocatoria.
Perspectivas y próximos pasos
Aunque el Gobierno enfatiza su intención de avanzar “a paso firme”, la falta de definiciones concretas genera incertidumbre entre actores políticos y la ciudadanía. En las próximas semanas se espera:
- La presentación de un borrador de estatuto ante la Corte Constitucional.
- Rondas de diálogo con organizaciones sociales, partidos políticos y academia para enriquecer el diseño procedimental.
- La publicación de un cronograma tentativo, que incluya fechas de registro de candidaturas y plazos para el proceso electoral.
Fuente: EXPRESO
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