Movilización en contra de la Ley de Integridad Pública
La Unión Nacional de Educadores (UNE) convocó a una marcha para el próximo 11 de julio, en rechazo a la Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional y vigente desde el 26 de junio. Esta movilización busca presionar a la Corte Constitucional para que revise con prioridad la normativa, que según la UNE, afecta derechos laborales y garantías fundamentales.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE, presentó formalmente una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública el 30 de junio. La organización denuncia que varios artículos de esta ley vulneran la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y restringen beneficios de jubilación. La UNE solicita que la Corte anule los apartados más controvertidos y priorice su análisis en el tribunal constitucional.
Puntos críticos de la demanda de la UNE
Uno de los aspectos más cuestionados en la demanda es la inclusión de sanciones más severas para adolescentes que cometan delitos graves, lo cual ha generado inquietud en sectores sociales y educativos. Quishpe también manifestó que la ley introduce disposiciones que podrían generar un impacto negativo en la compensación de los trabajadores públicos.
El dirigente afirmó: «Llamamos a otros sectores a sumarse con demandas de inconstitucionalidad y convocamos a movilizarnos el 11 de julio para exigir que la Corte Constitucional atienda este tema prioritario.»
Cooperativa Jardín Azuayo se suma a la oposición
El mismo día, los directivos de la cooperativa Jardín Azuayo, con sede en Cuenca, expresaron su preocupación por una disposición transitoria que podría transferir el control de algunas cooperativas a la Superintendencia de Bancos. Esta medida obligaría a ciertas cooperativas a cambiar su personería jurídica y transformarse en bancos, o incluso a desaparecer.
El gerente Juan Carlos Urgilés denunció que esta modificación fue introducida de manera apresurada en la Comisión de Desarrollo Económico, entre sábado y domingo a primeras horas de la mañana, lo que calificó como “preocupante” y poco transparente.
Los directivos de Jardín Azuayo aclararon que no rechazan la supervisión, pero consideran que esta debe ejercerse con criterios adecuados para cada tipo de entidad financiera, y advirtieron que la norma podría implicar riesgos financieros significativos para el sector cooperativo.
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