El proceso contra Unidad Popular avanza luego de que el Consejo Nacional Electoral negara el pedido de corrección presentado por su dirigencia, ratificando así la continuidad del trámite de cancelación de su personería jurídica por incumplir requisitos legales.
Decisión del CNE sobre Unidad Popular se mantiene firme
El pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió, con tres votos a favor, rechazar la solicitud presentada por Geovanny Atarihuana, director nacional del movimiento. La petición buscaba revertir la resolución inicial que dio paso al proceso administrativo.
El organismo respaldó su decisión en un informe jurídico que concluyó que no existen errores en el procedimiento, asegurando que se cumplieron los principios de legalidad, claridad y coherencia establecidos en la normativa vigente.
El movimiento cuestiona el procedimiento
Desde la dirigencia de Unidad Popular se denuncian presuntas irregularidades en la sesión donde se tomó la decisión. Atarihuana señaló que el proceso aún no está cerrado y que la organización mantiene su derecho a presentar pruebas dentro del plazo establecido.
El dirigente insiste en que no se puede hablar de una cancelación definitiva, ya que el trámite continúa en fase probatoria.
Proceso contra Unidad Popular se basa en afiliación insuficiente
El origen del caso se remonta a un informe técnico que evidenció que Unidad Popular no alcanzó el mínimo de afiliados requerido por la ley. Según los datos oficiales, la organización cuenta con poco más de 31.000 registros válidos, por debajo del umbral exigido.
Este incumplimiento fue determinante para que el organismo electoral iniciara el proceso de cancelación, en conjunto con otras organizaciones políticas en situación similar.
Unidad Popular anuncia acciones y movilización
Como respuesta, Unidad Popular anunció que presentará una base de datos que, según su dirigencia, supera los 200.000 afiliados, además de argumentos legales para sostener su permanencia en el registro electoral.
Paralelamente, el movimiento convocó a una movilización nacional en Quito, prevista para el 1 de abril, con el objetivo de rechazar la decisión del organismo electoral y defender lo que consideran un proceso democrático.
Postura institucional del CNE
Las autoridades del CNE, encabezadas por Diana Atamaint, sostienen que el proceso ha respetado el debido procedimiento y que la organización política tuvo el tiempo necesario para ejercer su defensa.
Con esta resolución, el organismo cierra la posibilidad de una revisión interna y mantiene vigente el proceso administrativo que podría derivar en la cancelación definitiva del movimiento.
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