El movimiento político Unidad Popular presentó una nueva acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), sumando así la tercera demanda en contra de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), vigente desde el 21 de febrero de 2026.
La normativa establece que municipios y prefecturas deberán destinar al menos el 70% de su presupuesto anual a inversión y obra pública, mientras que el gasto corriente —como sueldos y costos administrativos— no podrá superar el 30%. Esta disposición ha generado rechazo entre autoridades locales que advierten afectaciones a su autonomía financiera.
Unidad Popular demanda reforma y los límites al gasto de los GAD
La ley modifica el esquema de asignaciones presupuestarias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados e introduce restricciones obligatorias en la distribución del gasto. Según el texto aprobado, el objetivo es priorizar la inversión en infraestructura y proyectos de desarrollo territorial.
No obstante, alcaldías y prefecturas sostienen que una parte significativa de programas sociales, servicios comunitarios y proyectos de atención prioritaria se financian a través del gasto corriente, por lo que el límite del 30% podría comprometer su continuidad.
Además del porcentaje obligatorio, la norma impone reportes trimestrales de ejecución presupuestaria. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo podría aplicar reducciones económicas contempladas en la Constitución, que van del 30% al 50% del presupuesto institucional.
Tres demandas presentadas y una cuarta en camino
Hasta el 25 de febrero de 2026 se han presentado tres acciones ante la Corte Constitucional:
- Una impulsada por el concejal de Quito Andrés Campaña.
- Otra por la Unión Nacional de Educadores, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, la Federación de Barrios de Quito y su núcleo de Pichincha.
- La tercera interpuesta por el movimiento Unidad Popular.
A estas se sumará una demanda anunciada por la Prefectura de Pichincha, tras una resolución adoptada por su Consejo Provincial.
Las acciones coinciden en dos argumentos centrales: supuestas irregularidades en el trámite legislativo y presuntas contradicciones con la Constitución respecto a las competencias y asignaciones presupuestarias de los GAD. También solicitan medidas cautelares para suspender la aplicación de la ley hasta que exista un fallo definitivo.
El precedente de 2025 y el escenario actual
En septiembre de 2025, la Corte Constitucional dejó sin efecto las leyes de Integridad Pública y de Solidaridad Nacional al determinar que no cumplieron los requisitos formales en su aprobación bajo el mecanismo de urgencia económica.
Ese antecedente marcó un límite al uso recurrente de leyes urgentes por parte del Ejecutivo. Sin embargo, el contexto político actual es distinto. Tras la presión ejercida contra magistrados constitucionales en agosto de 2025, varios pronunciamientos sobre normas impulsadas por el Gobierno se han retrasado.
Actualmente, más de 20 demandas de inconstitucionalidad permanecen pendientes de resolución en torno a leyes como Inteligencia, Áreas Protegidas, Transparencia Social y Sostenibilidad Fiscal, lo que añade incertidumbre al desenlace de esta nueva controversia judicial.
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