Condiciones clave para la venta de Telefónica en Ecuador
La venta de Telefónica en Ecuador a la multinacional Millicom sigue sujeta a una condición fundamental: que el Estado ecuatoriano renueve la concesión del servicio de telefonía móvil. Según el contrato actual, la fecha límite para concretar esta negociación es el 15 de julio de 2025. Otecel, filial de la empresa española Telefónica, mantiene operaciones en Ecuador bajo las marcas Movistar y Tuenti. Su permanencia dependerá de un acuerdo con el Gobierno ecuatoriano.
Telefónica Hispam, holding de las operaciones latinoamericanas de la empresa española, anunció el 13 de junio un acuerdo para transferir Otecel a Millicom Spain por un valor estimado de 380 millones de dólares. Esta operación forma parte de una estrategia de reestructuración regional. Sin embargo, el contrato actual con el Estado se encuentra prorrogado, lo que impide cerrar la transacción sin la debida renovación.
Renovación pendiente para la venta de Telefónica en Ecuador
Una de las condiciones indispensables para la venta de Telefónica en Ecuador es la obtención de aprobaciones regulatorias y gubernamentales, incluyendo la renovación formal del contrato de concesión por 15 años. Desde diciembre de 2022, Telefónica y Claro iniciaron conversaciones con el Estado para renovar sus contratos. Originalmente, este proceso debía completarse en un plazo de dos años contados desde agosto de 2021. Sin embargo, la negociación ha enfrentado constantes demoras.
La más reciente prórroga, otorgada el 15 de mayo de 2025, amplía el contrato de Telefónica hasta el próximo 15 de julio. Esta extensión temporal no solo permite a la empresa seguir operando, sino que también otorga tiempo adicional para definir los términos de la nueva concesión.

Obstáculos fiscales afectan la venta de Telefónica en Ecuador
Uno de los principales bloqueos para cerrar la venta de Telefónica en Ecuador radica en la falta de pronunciamientos clave por parte del Ministerio de Finanzas. Hasta la fecha, no se han emitido el Dictamen de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales ni el Dictamen Favorable de Impacto Fiscal. Estos documentos son esenciales para que el Gobierno apruebe los montos que las operadoras deberán pagar por la nueva concesión.
Mientras tanto, Telefónica sigue operando bajo una séptima prórroga, que implica un pago provisional al Estado de 4 millones de dólares. En extensiones anteriores, la empresa ha pagado entre 1 y 2 millones mensuales. En caso de no firmarse el nuevo contrato antes del 15 de julio, las partes podrían acordar una nueva prórroga.
Claro también espera acuerdo
La situación no es exclusiva de Telefónica. Claro, operadora móvil del grupo mexicano América Móvil, también enfrenta retrasos en la renovación de su concesión. Aunque su contrato venció en agosto de 2023, la compañía recibió una prórroga indefinida mientras continúa la renegociación.
Ambas empresas están a la espera de que el Gobierno defina su posición oficial, paso indispensable para que operaciones como la venta de Telefónica en Ecuador puedan finalmente cerrarse.
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