La violencia de género sigue siendo un grave problema en Ecuador, y aunque las leyes contemplan sanciones económicas como multas y reparaciones integrales, existen vacíos en el proceso de ejecución de estas medidas. A pesar de que el país ha avanzado en la tipificación del femicidio y en la implementación de leyes contra la violencia de género, aún persisten desafíos en la aplicación efectiva de las sanciones.
Femicidio en Ecuador: Un panorama alarmante
Ecuador no está exento de la crisis global de violencia de género, y especialmente el femicidio sigue siendo una de las manifestaciones más graves de este fenómeno. Desde la tipificación del femicidio en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en 2014 hasta noviembre de 2024, se han registrado 1,920 casos, según datos de la Fundación Aldea. De esos casos, al menos 1,817 menores han quedado en la orfandad, lo que evidencia el impacto generacional de la violencia.
A pesar de que la legislación establece sanciones severas, como la pena privativa de libertad para los agresores, las multas y reparaciones económicas no siempre se ejecutan de manera efectiva.
Las sanciones económicas: Multas y reparación integral
La violencia de género, incluido el femicidio, implica no solo penas de prisión, sino también sanciones económicas que buscan compensar a las víctimas o sus familias. Según el artículo 159 del COIP, las multas varían dependiendo de la gravedad de la agresión. Por ejemplo, si un examen médico determina dos días de incapacidad, el agresor podría enfrentarse a una multa del 25% de un salario básico unificado, además de una pena privativa de libertad de entre 15 y 30 días.
Sin embargo, como apunta Daniela Rosero, activista de Aldea y Legatum, estas multas rara vez se ejecutan. “Se colocan montos de reparación por 15,000 o 30,000 dólares, pero no se ha visto ni un dólar de esta cantidad de dinero”, señala. Este es uno de los vacíos más preocupantes en la lucha contra la violencia de género: la reparación económica a las víctimas.
Los destinos de las sanciones económicas: ¿A dónde va el dinero?
La Ley de Erradicación de la Violencia a la Mujer establece que las reparaciones económicas deben dirigirse a las víctimas o, en el caso de femicidio, a las familias de las víctimas. Por otro lado, las multas impuestas a los agresores van directamente al Estado. En estos casos, las entidades del Estado, como los Ministerios de Salud, Educación e Inclusión, pueden ser parte del proceso de protección y apoyo a las víctimas indirectas, especialmente los hijos de las víctimas.
A pesar de la existencia de estos mecanismos, la implementación práctica sigue siendo un desafío. Tanya Torres, docente de Derecho, explica que, en muchos casos, el proceso de cobro de las reparaciones es complicado y las sobrevivientes no siempre deciden continuar con el proceso legal debido a las barreras que encuentran.
La reparación integral: Un desafío pendiente
La Fundación Aldea y Unicef realizaron un estudio titulado Esperando el verano: trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en Ecuador, que evidencia los efectos devastadores del femicidio no solo sobre la mujer, sino también sobre los menores de edad que quedan huérfanos. En este estudio, que abarcó casos desde 2014, se registró que 1,846 niños y adolescentes quedaron huérfanos a raíz del femicidio de sus madres.
El estudio también reveló que, en muchos casos, los menores quedan al cuidado de una sola persona, generalmente abuelas, quienes deben asumir el rol de madres y garantizar el bienestar de sus nietos. Sin embargo, los cuidados se complican cuando no hay una red de apoyo adecuada, y muchos menores quedan separados de sus hermanos o familiares debido a la imposibilidad de cubrir sus necesidades.
El bono de orfandad: Un alivio limitado
El bono de orfandad, que se otorga a los menores que han perdido a su madre por femicidio, es otro intento de mitigar los efectos de la violencia de género en las familias. Según el viceministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, hasta noviembre de 2024, se entregaron 507 bonos. Sin embargo, existe una hipótesis de que hay un subregistro, ya que muchas víctimas no acceden a este bono debido a la falta de una sentencia ejecutoriada o a que la denuncia aún está en proceso.
A pesar de los esfuerzos del gobierno, como el Bono de Orfandad, la ejecución de las sanciones económicas sigue siendo insuficiente. Muchas familias que deberían recibir la reparación integral aún esperan por justicia, enfrentándose a procesos judiciales que pueden durar años.
Desafíos en la implementación de la justicia
Uno de los grandes obstáculos en la implementación de la justicia en casos de violencia de género es la lentitud del sistema judicial. Las sentencias tardan años en emitirse y, en muchos casos, las reparaciones económicas no se ejecutan de manera efectiva. Este vacío ha sido reconocido por organizaciones como la Defensoría Pública, que está trabajando en una reforma legal para garantizar que los defensores públicos no solo lleguen hasta la sentencia, sino que también supervisen el cumplimiento de las reparaciones y sanciones impuestas por los jueces.
El femicidio no solo deja una herida en las familias afectadas, sino que también pone de manifiesto las fallas estructurales en la implementación de políticas públicas y sanciones legales que podrían ayudar a prevenir este flagelo y reparar el daño causado a las víctimas y sus familias.
La violencia de género en Ecuador, especialmente el femicidio, sigue siendo un desafío grave que afecta a miles de familias. Si bien existen leyes y sanciones económicas como las multas y las reparaciones integrales, la ejecución de estas medidas sigue siendo un proceso complejo y lleno de vacíos. Es necesario mejorar la implementación de las sanciones económicas, garantizar la reparación integral a las víctimas y reformar el sistema judicial para que la justicia llegue de manera más efectiva y rápida a quienes sufren las consecuencias de la violencia de género.
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