La violencia escolar se hace presente en las aulas
El sistema educativo de Quito enfrenta una crisis preocupante. Los casos recientes de estudiantes con armas de fuego, peleas brutales y detenciones por delitos graves reflejan el avance de un fenómeno que ya no puede considerarse aislado: la violencia escolar. Entre enero y junio de 2025, tres alumnos fueron detenidos en la capital por tenencia ilegal de armas, según datos de la Dinapen.
Este tipo de incidentes no solo afectan el entorno escolar, sino que también evidencia fallos estructurales en el sistema. Las autoridades policiales reconocen limitaciones legales para intervenir directamente en las escuelas, mientras los casos siguen en aumento.
Limitaciones para intervenir desde la prevención
La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes ha declarado que no puede realizar operativos preventivos en centros educativos sin una solicitud específica. Esto ha reducido la posibilidad de abordar la violencia escolar desde una perspectiva preventiva.
En lo que va del ciclo escolar, solo se han impartido 100 charlas en los más de 1.400 colegios de Quito. Esta cifra refleja un alcance mínimo y una desconexión entre el Ministerio de Educación y las fuerzas del orden.

Adolescentes cometen delitos cada vez más graves
Desde 2020, la Fiscalía Juvenil ha procesado a más de 1.200 menores por delitos como homicidio, secuestro y tráfico de drogas. En varios casos, los responsables eran estudiantes de entre 15 y 17 años. La participación de menores en hechos violentos ha llevado al Gobierno a proponer reformas penales.
Incluso hay niños de tan solo 10 años involucrados en actividades delictivas. Este crecimiento en la criminalidad juvenil exige una reforma estructural del sistema educativo, enfocada en la prevención y contención del entorno violento.
Escuelas deben volver a ser espacios seguros
Expertos en bienestar estudiantil coinciden en que la violencia escolar no es un hecho aislado, sino el reflejo de un entorno social cada vez más violento. La viralización de agresiones y la falta de protocolos claros refuerzan esa percepción.
Los planteles deben ser lugares seguros, donde estudiantes y docentes se sientan protegidos. Además, es vital que todos conozcan los mecanismos para denunciar hechos de violencia y que se actúe de manera oportuna cuando se identifique un comportamiento anómalo.
Padres exigen acciones firmes del Estado
Tras el caso del colegio Central Técnico, donde un estudiante disparó un arma en plena clase, padres de familia elevaron su voz. Denuncian la existencia de bandas que intentan reclutar alumnos y solicitan que se revisen mochilas durante la jornada escolar.
La única medida tomada por el Ministerio ha sido suspender las clases presenciales, sin presentar soluciones a largo plazo. Mientras tanto, la violencia escolar continúa creciendo, sin una respuesta integral ni coordinación efectiva entre autoridades.
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