La violencia escolar en Quito ha dejado de ser un fenómeno excepcional. En tan solo una semana, se reportaron dos eventos sumamente graves que requieren una intervención inmediata por parte del Estado. El 19 de junio, dos adolescentes ingresaron armados a un colegio, y uno de ellos disparó con la intención de agredir a otro estudiante. Al día siguiente, otro incidente generó conmoción: dos estudiantes protagonizaron una pelea física, registrada en video y difundida ampliamente en redes sociales el 24 de junio de 2025.
Inseguridad creciente en entornos educativos
Estos episodios no pueden considerarse aislados ni circunstanciales. Representan la expresión visible de una violencia escolar en Quito que se intensifica dentro de las aulas. En este contexto, los estudiantes no solo están en riesgo frente al crimen organizado, sino que también reproducen comportamientos violentos aprendidos. Casos como amenazas a docentes, presencia de armas y venta de drogas en el entorno escolar no deben continuar siendo minimizados o ignorados.
Medidas gubernamentales e insuficiencias
Aunque el Gobierno implementó el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, que ha reducido los riesgos psicosociales en un 30 %, los acontecimientos recientes evidencian que este esfuerzo no es suficiente. La violencia escolar en Quito sigue siendo un reto estructural. Este programa debe fortalecerse mediante políticas integrales que aborden la prevención, salud mental, mediación de conflictos y acompañamiento continuo a estudiantes y profesores.

Una política pública sostenida es indispensable
Las instituciones educativas deben recuperar su función como espacios de confianza y desarrollo. Para ello, es necesario que la política pública sea sostenida, intersectorial y coordinada entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el sistema judicial. Solo así será posible frenar la escalada de violencia escolar en Quito, un problema que amenaza directamente el derecho fundamental a una educación segura.
Priorizar la seguridad estudiantil
La violencia escolar en Quito no puede seguir siendo enfrentada con silencios institucionales. Ignorar la gravedad de estos hechos implicaría complicidad. Garantizar la seguridad estudiantil no es una opción: es una obligación del Estado y una condición imprescindible para el aprendizaje, el bienestar emocional y el futuro del país.
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