El asambleísta Xavier Lasso advirtió que las reformas a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial permitirían destituir alcaldes. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial asumiría ese control. El legislador cree que esta medida pone en riesgo la autonomía de los municipios en Ecuador.
Reformas generan preocupación en municipios
La Asamblea Nacional votará el proyecto de ley en los próximos días. El texto introduce cambios que amplían las facultades de la Superintendencia. Esta entidad podrá sancionar a autoridades locales si detecta incumplimientos.
Varios sectores expresaron preocupación. Consideran que estas medidas afectan el equilibrio entre el Gobierno central y los gobiernos locales.
Xavier Lasso cuestiona falta de debate
Xavier Lasso denunció falta de debate en la Comisión de Gobiernos Autónomos. Aseguró que los cambios se incluyeron sin suficiente análisis. También afirmó que se incorporaron aportes del Ministerio de Vivienda sin discusión previa.
El informe final se aprobó con mayoría simple. Esta decisión generó críticas dentro y fuera de la Asamblea.
Nuevas atribuciones para la Superintendencia
La Superintendencia deberá actuar en un plazo máximo de un mes. Recibirá informes sobre posibles infracciones y abrirá procesos de control. Revisará planes de desarrollo y uso de suelo.
También evaluará si estos planes cumplen con el Plan Nacional de Desarrollo. Si encuentra irregularidades, podrá iniciar sanciones.
Xavier Lasso advierte sobre impacto en autonomía
Xavier Lasso afirmó que estas reformas debilitan a los municipios. Señaló que limitan la capacidad de decisión de los concejos locales. Esto afecta la gestión del uso de suelo en cada territorio.
El legislador también alertó sobre posibles presiones políticas. Cree que la destitución de alcaldes podría usarse como herramienta de control.
Cambios incluyen sanciones económicas y plazos
Las reformas establecen nuevas sanciones económicas. Las multas por infracciones leves llegarán hasta 20 salarios básicos. Las infracciones graves implicarán pagos del 3 % del presupuesto anual del municipio.
El proyecto también fija plazos de adaptación. Los gobiernos locales tendrán entre seis meses y un año para ajustar sus normas.
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