La Asamblea Nacional debate este 16 de junio de 2025 el proyecto de Ley de Integridad Pública en Ecuador, propuesto por el Ejecutivo como urgente en materia económica. El informe para el primer debate fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, que introdujo reformas sustanciales respecto al documento inicial.
Endurecimiento de penas en justicia y tratamiento a menores infractores
El proyecto de Ley de Integridad Pública en Ecuador incorpora modificaciones que refuerzan la disciplina jurídica. Entre las reformas más relevantes está la propuesta de sancionar de forma severa el prevaricato cometido por funcionarios judiciales. En estos casos, se plantea la inhabilitación permanente para jueces, fiscales o abogados que incurran en dicha falta.
Asimismo, se incluye una reforma al tratamiento penal juvenil. En el caso de delitos de gravedad, los adolescentes podrán ser procesados como adultos, lo que implicará ampliar el período de internamiento preventivo a un máximo de 12 meses.
Cambios profundos en la contratación pública
Otro de los pilares de esta normativa es la modernización del sistema de compras públicas. El proyecto establece el uso de inteligencia artificial para dar trazabilidad a los procesos y controlar automáticamente cada etapa. Además, se exigirá la certificación técnica de los operadores del sistema.
El objetivo de estas disposiciones es cerrar espacios de discrecionalidad y erradicar prácticas de corrupción, al tiempo que se fomenta una contratación más abierta, equitativa y transparente.
Reformas múltiples a cuerpos legales
La Ley de Integridad Pública en Ecuador también modifica otros cuerpos normativos. Entre ellos, la Ley Orgánica del Servicio Público incorpora nuevas evaluaciones y lineamientos para el teletrabajo. Asimismo, se actualizan procesos del Registro Único de Proveedores y modalidades de contratación como la subasta inversa, la ínfima cuantía y las ferias inclusivas.
El articulado también introduce reformas al Código Orgánico Integral Penal, al Código Orgánico Administrativo, a la Ley Orgánica de la Contraloría y al Código de la Niñez y Adolescencia. Todos estos cambios buscan establecer un sistema regulatorio más técnico, efectivo y con mayor control institucional.
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