Solicitud de hábeas corpus para revocar prisión preventiva
Once militares procesados en el caso Malvinas solicitaron, el 16 de junio de 2025, un recurso de hábeas corpus para revocar la prisión preventiva dictada en su contra. Los uniformados, acusados por desaparición forzada y asesinato de menores en Guayaquil, buscan revertir la medida antes de la audiencia preparatoria de juicio, programada para el 10 de julio. En total, once de los dieciséis imputados pretenden recuperar su libertad mediante este mecanismo judicial.
El pedido fue presentado ante la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, sede donde se llevará a cabo la audiencia. Actualmente, los militares permanecen recluidos en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, ubicado en Latacunga.
Argumentos basados en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional
Los defensores de los militares fundamentan su recurso en la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, promulgada el 10 de junio de 2025. Esta normativa prohíbe la prisión preventiva para miembros activos de las Fuerzas Armadas cuando los hechos investigados se relacionan con sus funciones legales dentro de un contexto de conflicto armado.
Asimismo, la defensa sostiene que la prisión preventiva actual es ilegal y arbitraria, debido a la causa sobreviniente establecida por la citada ley. Alegan que debe aplicarse el principio de favorabilidad procesal con efectos inmediatos para sus representados.
Rechazo de la defensa de las víctimas y contexto del caso
Por su parte, los abogados de las víctimas califican la solicitud de hábeas corpus como improcedente e intentos para evadir la justicia. Abraham Aguirre, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), denunció esta acción como un intento de manipulación legal. Su colega Fernando Bastías la consideró “impertinente” y sin fundamento.
Los cuatro menores —Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina— fueron detenidos ilegalmente en diciembre de 2024, desaparecidos y posteriormente asesinados, lo que mantiene viva la conmoción social por este caso.
La audiencia preparatoria del juicio incluirá también a un coronel presunto cómplice. Cuatro militares colaboraron con la justicia revelando detalles sobre tratos crueles previos a los crímenes.
La Ley de Solidaridad Nacional, que contempla un indulto presidencial tras sentencia, ha sido objeto de críticas por organizaciones de derechos humanos, que temen su posible uso para encubrir violaciones graves.
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