Gobierno coordina acciones urgentes frente al reclutamiento de menores por grupos delictivos
La vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, presidió la primera sesión del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes. La iniciativa interinstitucional busca combatir el creciente reclutamiento de menores por el crimen organizado, fenómeno que se agrava en territorios con alta conflictividad.
La reunión, efectuada el 17 de junio, contó con la participación de ministros del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, y Mujer y Derechos Humanos, junto a otras entidades del Estado. Pinto enfatizó la necesidad de actuar con firmeza y rapidez: “No podemos permitir que más niños sean absorbidos por las estructuras delictivas”.
Estrategia nacional y plan operativo en curso
El comité contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado aprobó una estrategia elaborada por el Ministerio del Interior. También exigió un plan nacional de respuesta en un plazo de treinta días. Esta hoja de ruta integrará acciones coordinadas para frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado desde una perspectiva preventiva y de restitución de derechos.

Ejes estratégicos diferenciados para intervención
La política pública se basa en tres ejes: atención a menores ya procesados penalmente, prevención con niños expuestos a violencia sin antecedentes, y educación comunitaria. Además, se priorizará la articulación institucional en zonas como Guayas, Manabí y Esmeraldas, provincias donde se registra el mayor número de homicidios infantiles.
Aumento preocupante de detenciones de adolescentes
Entre enero y junio de 2025, más de 1.300 adolescentes fueron detenidos por su presunta participación en grupos delictivos, según el ministro Harold Burbano. La Vicepresidencia, por su parte, reportó que entre 2021 y 2023 las detenciones de jóvenes entre 12 y 17 años aumentaron en un 20 %.
El comité contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado también trabajará en programas de inclusión social, opciones educativas, restitución de derechos y acciones penales.
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