La Contraloría General del Estado (CGE) enfrenta una crisis interna tras la caducidad de más de 32.000 glosas, equivalentes a USD 4.000 millones, entre 2019 y 2023. A través de un examen especial realizado para identificar irregularidades, se ha expuesto un conjunto de excusas que buscan justificar esta enorme pérdida de control y responsabilidad.
Examen Especial Revela Irregularidades
Un informe interno de la Contraloría, publicado en enero de 2024. Revela que durante el periodo de 2019 a 2023, los tiempos para despachar informes entre departamentos se excedieron, lo que provocó que se declararan caducas miles de resoluciones. Las demoras no se concentraron en una sola área, sino que se detectaron en diversas instancias:
- Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades.
- Dirección Nacional de Responsabilidades.
- Gestión de Responsabilidades Administrativas y Civiles.
- Secretaría de Responsabilidades, encargada de notificar las resoluciones.
El actual contralor del Estado, Mauricio Torres, quien asumió el cargo en noviembre de 2023, calificó estas irregularidades como “barbaridades”, resaltando la gravedad de la situación. Torres señaló que muchos informes fueron aprobados después de más de 800 días, cuando el límite era de 180 días.
El Incendio de 2019 y el COVID-19 como Justificaciones
Uno de los argumentos más usados por los funcionarios para justificar la caducidad de las glosas fue el incendio ocurrido en octubre de 2019, durante las protestas indígenas. Según el entonces director Nacional de Responsabilidades. Miles de expedientes administrativos se perdieron en el incendio, lo que afectó la capacidad de trabajo de la entidad. Además, afirmó que, tras la destrucción de equipos y mobiliario, tomó meses reinstalar las operaciones.
No obstante, cuando la Dirección Nacional de Responsabilidades aún se encontraba levantando información sobre las pérdidas ocasionadas por el incendio, el Gobierno decretó un estado de excepción debido a la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020. Esto también fue utilizado como una razón para justificar la ineficacia y retrasos en la gestión de los expedientes pendientes.
Falta de Personal y Gestiones Insuficientes
Otra explicación dada por funcionarios fue la falta de personal. Un excontralor subrogante mencionó que gestionó la contratación de 80 técnicos para trabajar en áreas clave encargadas de evitar la caducidad de las resoluciones. Sin embargo, solo se lograron contratar 50. Pese a ello, el informe revela que no se encontraron evidencias de acciones concretas tomadas en 2021 y 2022 para solucionar los problemas de acervo y evitar la caducidad de las resoluciones.
Fallos en el Sistema de Registro en la Contraloría
El examen especial también identificó fallos significativos en el Sistema Integrado de Responsabilidades (SIRES). Utilizado por la Dirección Nacional de Responsabilidades para gestionar las resoluciones de responsabilidades administrativas y civiles. El informe menciona la existencia de 702 saltos en las secuencias de las resoluciones, lo que implica la falta de 597.530 resoluciones en el sistema.
Esto agrava aún más la situación, pues revela la falta de control y seguimiento adecuado dentro de la CGE, lo que contribuyó directamente a la caducidad de las glosas.
Consecuencias y Medidas Futuras
Pese a la gravedad del problema, el contralor Mauricio Torres afirmó que las glosas caducadas no pueden ser reactivadas ni cobradas. Esto deja sin efecto un monto significativo que debería haber sido recuperado a favor del Estado.
Sin embargo, el informe hace varias recomendaciones enfocadas en mejorar la organización interna, la coordinación entre departamentos y los controles dentro de la CGE para evitar que esta situación se repita en el futuro.
El caso de la caducidad de glosas en la Contraloría General del Estado pone en evidencia una combinación de negligencia administrativa, falta de control y malas prácticas, exacerbadas por eventos como el incendio de 2019 y la pandemia de COVID-19. Las excusas dadas por funcionarios muestran una falta de responsabilidad y gestión adecuada que ha resultado en pérdidas millonarias para el país. Las acciones correctivas serán cruciales para restablecer la confianza en la entidad y evitar que la “tormenta perfecta” de excusas vuelva a repetirse.
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