El alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, y su exdirector de Planificación, Lenin F., fueron formalmente procesados por la Fiscalía General del Estado dentro del denominado caso Altares. Una investigación que pone en evidencia una supuesta red de corrupción enquistada en el Municipio de la capital de Chimborazo.
La decisión fue tomada este domingo 20 de abril de 2025 por la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. Quien dictó medidas cautelares para ambos funcionarios: presentación periódica ante la autoridad judicial y prohibición de salida del país.
La instrucción fiscal tendrá una duración inicial de 30 días, periodo en el cual se recabarán más elementos para fortalecer el expediente judicial en contra de los investigados.
Los hechos bajo la lupa: adjudicaciones, tráfico de influencias y contrabando
La Fiscalía Provincial de Chimborazo, liderada por la fiscal Mayra Moreno, ha venido desarrollando esta investigación desde inicios de 2023. El caso Altares involucra, hasta el momento, a siete personas, incluidos cuatro concejales del municipio. Quienes fueron detenidos en enero de este año durante 13 allanamientos simultáneos en las provincias de Chimborazo y Pichincha.
Los delitos que se investigan son diversos, pero todos apuntan a una estructura organizada de poder al interior del gobierno local. Según la Fiscalía, los implicados habrían ejecutado:
- Adjudicaciones irregulares de contratos municipales, posiblemente direccionados a empresas vinculadas a allegados o familiares.
- Contrabando de productos desde locales comerciales autorizados por el municipio.
- Tráfico de influencias, mediante el cual se habrían ofrecido cargos públicos a cambio de favores o respaldo político.
- Manipulación de procesos sancionatorios en tránsito, posiblemente para exonerar multas o cambiar el resultado de infracciones a determinados ciudadanos.
Un alcalde en la cuerda floja: otro proceso fallido de destitución
El procesamiento penal no es el único frente crítico que enfrenta el alcalde Vinueza. A inicios de 2025, el Concejo Municipal de Riobamba promovió un proceso de remoción por supuestas irregularidades en torno a la donación de un terreno municipal para la construcción del Centro Médico Forense San Pedro.
Según los concejales, existieron inconsistencias en el cambio de figura legal del predio, que inicialmente fue entregado bajo comodato y luego. Mediante decisión del alcalde, se habría transferido bajo el régimen de donación directa, sin contar con la aprobación formal del Concejo.
Vinueza, por su parte, defendió la decisión señalando que el terreno permitió la ejecución de una obra fundamental para la provincia: “la morgue más moderna del país”, en sus propias palabras.
No obstante, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) anuló el intento de destitución, argumentando que no se cumplieron los procedimientos formales exigidos por la ley, salvando temporalmente al alcalde de perder su cargo por esa vía.
Una señal de alerta en la lucha contra la corrupción local
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la corrupción en los gobiernos municipales del Ecuador, donde las redes de poder, el clientelismo político y las contrataciones amañadas siguen generando un impacto negativo en la administración pública y la confianza ciudadana.
La Fiscalía ha reiterado que continuará con las diligencias del caso Altares, sin descartar que más funcionarios o terceros vinculados puedan ser procesados en las próximas semanas.
Fuente:Ecuadorenvivo
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