A tan solo una semana de su vigencia, la Asamblea Nacional propone una reforma a la Ley de Solidaridad para corregir una falla jurídica relacionada con el indulto presidencial. El oficialismo, liderado por Acción Democrática Nacional (ADN), había festejado su aprobación el 7 de junio de 2025. No obstante, surgieron inconsistencias normativas que ahora generan preocupación institucional.
Error legislativo en la figura del indulto presidencial
El conflicto surge debido a un desfase entre el contenido de la Ley de Solidaridad y lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Comisión de Desarrollo Económico detectó que la ley adoptó el concepto de «indulto diferido», aunque el texto penal mantenía la denominación «indulto anticipado», propuesta originalmente por el presidente Daniel Noboa. Esta contradicción normativa afecta directamente la interpretación y aplicación del beneficio.
Reforma legal vía proyecto de Ley de Integridad Pública
Ante este problema, la Comisión plantea una reforma puntual al artículo 72 del COIP. El cambio consiste en reemplazar el término anterior por la nueva categoría: “indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno”. De este modo, se busca armonizar ambas normativas y evitar ambigüedades jurídicas en procesos penales actuales.
Condiciones para la aplicación del nuevo indulto
Este tipo de indulto podrá otorgarse únicamente en casos excepcionales de interés público o por razones humanitarias. Quedarán excluidos quienes enfrenten procesos por corrupción, delitos de lesa humanidad, o crímenes con motivación política. Asimismo, la medida no obstaculiza las investigaciones judiciales ni una posible determinación de responsabilidad estatal.
Seguridad jurídica en entredicho
Mientras la nueva reforma no se promulgue, existe un vacío legal que puede complicar la interpretación judicial. Algunos procesados, como los militares del caso Malvinas, ya han solicitado hábeas corpus basados en la Ley de Solidaridad. Por ello, la Comisión insiste en que esta corrección legislativa es urgente y esencial para garantizar coherencia normativa y evitar confusión en los tribunales.
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