El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vetó de manera total el proyecto de ley que proponía entregar USD 1 por cada barril de petróleo procesado en las refinerías de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Esta decisión fue comunicada oficialmente el lunes 28 de abril y representa un giro significativo en las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La propuesta legal queda congelada por al menos un año, generando tensiones políticas y reacciones encontradas en diversos sectores.
Razones del veto: falta de sostenibilidad financiera
El Ejecutivo argumentó que la iniciativa legislativa carecía de un estudio financiero que justificara su viabilidad. Según el presidente Noboa, la aprobación de leyes con erogaciones fiscales sin respaldo técnico ni financiamiento claro está prohibida por la Constitución. Una sentencia reciente de la Corte Constitucional reforzó esta postura. El fallo establece que todo gasto público debe tener un sustento técnico y económico verificable.
La aplicación de esta ley, según estimaciones del Ministerio de Finanzas, habría representado una pérdida de aproximadamente USD 47 millones anuales para el Estado ecuatoriano. Esta cifra considera un impacto directo sobre las finanzas de Petroecuador, la empresa pública que administra los recursos petroleros, la cual tendría que asumir el pago como un gasto operativo adicional.
Llamado al diálogo fiscalmente responsable
En su pronunciamiento final, Noboa no descartó la necesidad de atender las demandas de las provincias petroleras. Sin embargo, instó al Legislativo a diseñar mecanismos de distribución de rentas que sean técnica y fiscalmente sostenibles, evitando decisiones populistas que puedan comprometer la estabilidad del gasto público.
A pesar del veto total, el Ejecutivo dejó abierta la puerta al diálogo, haciendo un llamado a los legisladores para trabajar en conjunto por soluciones estructurales y duraderas. Noboa enfatizó que cualquier propuesta futura debe ser construida sobre bases sólidas, sin comprometer la eficiencia ni la sostenibilidad del presupuesto estatal.
Impacto político y económico del veto
El veto ha generado diversas reacciones en la opinión pública y entre los asambleístas. En Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, ciudadanos y autoridades locales expresaron su inconformidad. Alegan que el proyecto buscaba compensar el daño ambiental y social generado por la actividad petrolera. No obstante, el Ejecutivo insiste en que cualquier transferencia de recursos debe integrarse a un esquema estructurado. Este no debe poner en riesgo el equilibrio fiscal.
Esta medida marca un punto de inflexión en la relación entre el gobierno central y las provincias productoras de crudo, reavivando debates históricos sobre la distribución de la renta petrolera en Ecuador.
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