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Acciones del gobierno ante irregularidades en radares en Ecuador

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Tras las preocupaciones planteadas por el asambleísta Adrián Castro sobre posibles irregularidades en el proceso de concurso y gestión de radares en Ecuador, el Gobierno anunció, este martes 4 de junio del 2024, tres medidas inmediatas para prevenir perjuicios a la ciudadanía.

radares

Denuncias y alertas

El legislador alertó sobre presuntos procesos irregulares en la contratación de radares a nivel nacional, señalando beneficios indebidos para los consorcios Seviecu y Ecuatransit, los cuales, según el comunicado gubernamental, podrían haber emitido multas excesivas, perjudicando así a los ciudadanos.

Evaluación del contrato

El Gobierno destacó que el contrato de delegación de radares en las vías fue gestionado durante la administración de Guillermo Lasso y elaborado en un tiempo récord para los estándares de contratación pública (42 días). Sin embargo, resaltó que no se contó con la aprobación de la Secretaría de Alianzas Público Privadas ni se socializó adecuadamente con los municipios.

Acciones inmediatas

Ante esta situación, el secretario general de Integridad Pública, José Julio Neira, dispuso tres acciones inmediatas:

  1. Examen especial por la contraloría: Solicitó a la Contraloría General del Estado llevar a cabo un examen especial para determinar las responsabilidades de los funcionarios del gobierno anterior involucrados en este proceso.
  2. Control de legalidad por el procurador: Dispuso al Procurador General del Estado activar un control de legalidad del contrato para adoptar las acciones judiciales necesarias en defensa de los intereses nacionales.
  3. Acciones legales de la CTE: La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) recibió la instrucción de tomar acciones legales y contractuales para evitar que se siga perjudicando a los ecuatorianos.

Compromiso gubernamental

El Gobierno enfatizó su compromiso de no permitir que continúen las contrataciones irregulares que beneficien a unos pocos en detrimento de los intereses de los ciudadanos ecuatorianos. Estas acciones buscan garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos en el país.

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