- El Oro acumula 853 muertes violentas entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2026.
- La cifra supera en 58 homicidios el récord absoluto de 795 casos registrado en todo 2025.
- Los cantones de Machala, Pasaje y Santa Rosa concentran el 78% de los ataques sicariales.
- La disputa por los puertos camaroneros y pasos fronterizos de minería ilegal detona la violencia.
La provincia costera y fronteriza de El Oro ha ingresado en una fase crítica de emergencia en seguridad pública al contabilizar 853 muertes violentas entre el 1 de enero y el 13 de octubre de 2026, superando con creces el récord histórico absoluto de 795 homicidios intencionales reportado durante la totalidad del año 2025. El sombrío balance estadístico, difundido este jueves por la plataforma periodística Conexión Informativa con base en reportes policiales, evidencia un incremento del 7,17% a falta de más de dos meses y medio para culminar el ciclo anual.
El recrudecimiento del sicariato y los ataques con explosivos responde principalmente a la sangrienta guerra territorial que libran bandas del crimen organizado como Los Lobos, Saeth y facciones disidentes por el control hegemónico de los muelles artesanales de Puerto Bolívar, el tráfico marítimo de cocaína hacia el archipiélago de Jambelí y las rutas clandestinas de extorsión a la minería en los cantones de Zaruma y Portovelo.
Concentración cantonal y modus operandi de las bandas
Las cifras desagregadas de la Policía Nacional del Ecuador demuestran que la violencia homicida no se distribuye de manera homogénea en la provincia, sino que se focaliza drásticamente en tres núcleos urbanos: la capital provincial Machala (con 384 crímenes), Pasaje (con 162 homicidios) y Santa Rosa (con 121 víctimas fatales). En conjunto, estos tres cantones concentran más del 78% de los asesinatos perpetrados en el territorio orense.
El informe forense destaca que el 91% de los ataques fue ejecutado mediante armas de fuego de uso privativo militar, como fusiles de asalto calibre 5.56 mm y pistolas automáticas de 9 mm, registrándose además un preocupante patrón de decapitaciones, cuerpos desmembrados y utilización de coches bomba para intimidar a autoridades judiciales y gremios comerciales. Esta realidad delictiva extrema sustenta de manera directa las decisiones gubernamentales adoptadas en torno al toque de queda y la intervención militar en las provincias de mayor riesgo.
Acciones del Bloque de Seguridad y exigencia ciudadana
Frente al colapso de las morgues cantonales y el pánico generalizado en las comunidades barriales, el mando conjunto del Bloque de Seguridad movilizó a 800 soldados de la Brigada de Infantería N.º 1 El Oro para instalar campamentos tácticos permanentes en los sectores de mayor peligrosidad. Las fuerzas combinadas ejecutan patrullajes fluviales en el canal de Santa Rosa e incursiones en zonas residenciales conflictivas como Puerto Bolívar y la parroquia El Cambio.
Representantes del sector exportador de banano y acuícola de El Oro manifestaron que la inseguridad les cuesta más de USD 60 millones anuales en contratación de custodias privadas armadas y rastreo satelital para convoyes de carga. Los gremios exigieron al Ejecutivo declarar la zona de seguridad especial fronteriza y dotar de equipamiento blindado e inteligencia táctica a los destacamentos policiales de frontera para evitar que las organizaciones criminales sigan operando en la impunidad.
El informe de los observatorios de derechos humanos y seguridad ciudadana revela que las extorsiones a camaroneras y fincas bananeras en El Oro se han incrementado un 65% en 2026, obligando a pequeños empresarios a paralizar faenas de cosecha o abandonar predios agrícolas para proteger sus vidas.
La Gobernación de El Oro anunció la asignación de USD 1,4 millones en fondos emergentes para reparar patrulleros terrestres y embarcaciones fluviales de la Capitanía de Puerto de Puerto Bolívar, fortaleciendo el escudo de interdicción en los canales marítimos que conectan con el golfo de Guayaquil.
Representantes de los gremios productivos orenses acudieron a la Asamblea Nacional para exigir la declaratoria de zona especial de seguridad fronteriza, lo que permitiría exenciones arancelarias temporales para la adquisición de equipos de blindaje, sistemas de rastreo satelital para camiones de carga y cámaras térmicas destinadas a la vigilancia de camaroneras. Los dirigentes advirtieron que si las extorsiones continúan al ritmo actual, más del 30% de las pequeñas unidades productivas de Santa Rosa y Huaquillas cerrarán definitivamente antes del cierre del año fiscal.
