El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Latacunga desde el 12 de febrero de 2026, en el marco del denominado caso Goleada. Aunque conserva sus derechos políticos, su situación judicial y los tiempos electorales podrían complicar seriamente una eventual candidatura a la reelección en 2026.
Actualmente enfrenta procesos por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y también está vinculado al caso Triple A. La primera causa se encuentra en fase de instrucción fiscal, que puede extenderse hasta 90 días, mientras que la segunda ya está en etapa de juicio.
Un proceso judicial con lectura política
En el plano político, el caso ha generado interpretaciones encontradas. Desde el movimiento Revolución Ciudadana se ha denunciado una supuesta estrategia para silenciar voces opositoras. Aquiles Alvarez ha sido considerado una figura crítica del Gobierno de Daniel Noboa, especialmente por sus cuestionamientos en temas de gestión y salud pública.
El propio Presidente afirmó el 20 de febrero que, tras la captura del alcalde, las muertes violentas en Guayaquil disminuyeron un 26%, una declaración que avivó la controversia y reforzó la percepción de que el caso tiene impacto electoral.
Analistas políticos coinciden en que, más allá de la dimensión judicial, el proceso ocurre en un contexto preelectoral que inevitablemente le otorga una carga política.
Los plazos electorales y el “juego de tiempos” para Aquiles Alvarez
El calendario también juega un papel clave. La inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales de 2026 está prevista entre el 31 de agosto y el 29 de septiembre. Si para entonces Aquiles Alvarez continúa privado de libertad, su participación podría verse limitada en la práctica.
Aunque formalmente no está impedido de postularse —ya que no existe sentencia ejecutoriada en su contra—, existen obstáculos materiales. La normativa del Consejo Nacional Electoral exige la aceptación personal de la candidatura y la firma de formularios de inscripción. Incluso bajo modalidad virtual, la condición de detenido impediría el uso de dispositivos electrónicos.
Además, la prisión preventiva en delitos con penas superiores a cinco años puede extenderse hasta un año, lo que abre la posibilidad de que el alcalde permanezca privado de libertad durante todo el periodo previo a la campaña.
¿Un punto de quiebre en su carrera política?
Especialistas en comunicación política advierten que una eventual sentencia condenatoria tendría un alto costo político. El antecedente de Jorge Glas muestra que la prisión no siempre fortalece el liderazgo ni garantiza capital electoral.
En el escenario actual, el movimiento correísta enfrenta un dilema estratégico: sostener la candidatura de quien aún dirige la ciudad o preparar un relevo si las circunstancias judiciales lo obligan a apartarse. También podrían surgir tensiones internas entre las fuerzas aliadas, especialmente si la ausencia del alcalde se prolonga.
Por ahora, el desenlace judicial será determinante. Mientras no exista una sentencia en firme, Alvarez mantiene sus derechos políticos; sin embargo, la combinación de prisión preventiva, plazos procesales y calendario electoral configura un escenario incierto que podría redefinir su futuro en la política local.
Más noticias:
CAL suspende a dos asambleístas de la RC y descarta sanción a Castillo
Fuente:
