A pocos meses de las elecciones seccionales, la Asamblea Nacional abrió un nuevo frente de control político que pone bajo la lupa a autoridades locales en todo el país. Con una mayoría legislativa de 85 votos, el pleno aprobó iniciar un proceso de fiscalización sobre las declaraciones patrimoniales de alcaldes y prefectos, lo que ha encendido un fuerte debate político sobre competencias, transparencia y el contexto electoral.
El anuncio se sustenta en recientes reportes periodísticos que revelaron variaciones relevantes en los patrimonios declarados ante la Contraloría General del Estado, y abre una investigación que será procesada en la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Revisión de patrimonios y hallazgos preliminares en autoridades locales
Según lo expuesto en el debate legislativo, el análisis inicial tomó como referencia 225 alcaldes y 23 prefectos del país. De ese universo, se habrían identificado 79 casos con variaciones patrimoniales consideradas relevantes, lo que motivó la decisión de profundizar el control.
El asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, señaló que estos hallazgos justifican la intervención legislativa y la elaboración de un informe en un plazo de 90 días. Para el oficialismo, el objetivo es fortalecer la transparencia en la administración de recursos públicos, especialmente en gobiernos subnacionales donde se manejan importantes presupuestos.
Sin embargo, desde otros sectores se advierte que la Asamblea podría estar excediendo sus competencias al intervenir en asuntos que corresponden a los órganos de control como la Contraloría General del Estado.
Investigación sobre la compra de trolebuses en Quito genera nuevo pulso político
La fiscalización aprobada no se limita a los patrimonios. La Asamblea también decidió investigar la compra de 60 trolebuses realizada por el Municipio de Quito en 2025, un proceso que ya había sido observado por la Contraloría con un posible perjuicio estatal de 2,5 millones de dólares.
Desde la bancada oficialista se sostiene que el análisis va más allá del informe inicial, ya que existirían proformas que indicarían que la compra pudo haberse realizado por un valor menor si se ejecutaba directamente con el fabricante.
En contraste, sectores del correísmo defendieron la adquisición, argumentando que el proceso cumplió objetivos de movilidad y sostenibilidad para la capital. Además, cuestionaron que estas investigaciones surjan en un contexto cercano a las elecciones, sugiriendo un posible uso político de la fiscalización.
Debate sobre competencias y tensiones entre poderes del Estado
La decisión legislativa reactivó el debate sobre los límites de la fiscalización de la Asamblea frente a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Desde la oposición, se insiste en que el Parlamento no tiene competencia directa para intervenir en la gestión de municipios y prefecturas, ya que esa atribución recae en los concejos municipales y provinciales.
El legislador socialcristiano Alfredo Serrano señaló que existe una contradicción institucional: mientras la Asamblea no impulsa con la misma fuerza el control sobre el Ejecutivo, sí dirige su atención hacia los gobiernos locales.
Como parte de las recomendaciones aprobadas, incluso se exhorta al Concejo Metropolitano de Quito a realizar su propia fiscalización sobre el caso de los trolebuses, lo que evidencia una redistribución del control político hacia instancias locales, muchas de ellas también con correlaciones políticas definidas.
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