Este lunes, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con el voto de 132 legisladores presentes importantes reformas al Código Orgánico Integral Penal, marcando un endurecimiento significativo de las penas para varios delitos y simplificando el proceso de extinción de dominio, en respuesta a las crecientes preocupaciones por la actividad criminal en el país.
Contexto y necesidad de reformas penales
Las reformas responden directamente a las preocupaciones de seguridad pública y la creciente violencia atribuida a bandas criminales y narcotráfico, tanto local como internacional. Ecuador ha visto un incremento alarmante en la violencia desde principios de 2021, con autoridades señalando la influencia de cárteles de droga de Colombia y México en la escalada del conflicto.
Ampliación de penas para delitos específicos
Entre las principales modificaciones aprobadas se encuentran:
- Terrorismo: La pena se aumentó de 10 a 26 años de prisión.
- Financiación de actividades terroristas: Ahora conlleva penas de 22 a 26 años de cárcel.
- Tráfico de drogas: Las penas se elevaron de 13 a 26 años de prisión.
- Secuestro: La pena se incrementó de 22 a 26 años de prisión.
- Sicariato: Se estableció una pena de 30 años de prisión.
- Delincuencia organizada: La pena aumentó de 22 a 26 años de cárcel.
Estos cambios reflejan un enfoque más severo hacia delitos considerados cruciales para el combate contra el crimen organizado y la violencia desmedida en el país.
Impacto de las reformas penales en la seguridad nacional
Las estadísticas alarmantes subrayan la urgencia de estas medidas: en 2023, Ecuador registró 7,600 muertes violentas, con una tasa de homicidios de 40 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del continente. La mayoría de estos homicidios se relacionan con enfrentamientos entre bandas por el control del narcotráfico y sus rutas.
Simplificación de la extinción de dominio
Otra medida clave aprobada es la simplificación del proceso de extinción de dominio para los bienes de personas involucradas en actividades ilegales. Anteriormente requería una sentencia judicial para iniciar el proceso; ahora, se podrá proceder sin esta sentencia, acortando significativamente los plazos y facilitando la transferencia de bienes al Estado.
Tras su aprobación en la Asamblea, el proyecto de ley pasará al Ejecutivo, que tiene un plazo de 30 días para promulgarlo, modificarlo o rechazarlo. Se espera que estas reformas fortalezcan el sistema judicial ecuatoriano y contribuyan a mejorar la seguridad pública, aunque su implementación efectiva y los resultados a largo plazo serán cruciales para evaluar su impacto real en la reducción de la criminalidad y el fortalecimiento del estado de derecho en Ecuador.
Te puede interesar:
Concejo Metropolitano de Quito inicia debate sobre regularización del servicio de delivery