El 22 de agosto de 2024, la Asamblea Nacional de Ecuador se declaró en abierta rebeldía ante una sentencia emitida por el juez Edgar Romero Salazar. Este fallo judicial ordenaba la reactivación de tres juicios políticos en contra de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso: Pablo Arosemena, exministro de Finanzas; Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; y Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior. La sentencia se basaba en la supuesta violación de derechos de los proponentes de estos juicios cuando la Comisión de Fiscalización decidió archivar los procesos.
Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, expresó que no acatarán la sentencia, argumentando que existe una resolución de la Corte Constitucional que prohíbe a la justicia constitucional intervenir en temas políticos. Además, Muñoz anunció que denunciarán al juez Romero ante el Consejo de la Judicatura por error inexcusable y posible prevaricato.
La Confrontación entre Legislativo y Ejecutivo
La confrontación entre la Asamblea y el Ejecutivo no se detiene, ni siquiera durante el receso legislativo. La Asamblea ha decidido ignorar el fallo judicial, lo que agrava aún más las tensiones entre ambos poderes del Estado. Alejandro Muñoz sostuvo que no se trata de un acto de rebeldía arbitrario, sino de cumplir con una disposición de la Corte Constitucional que impide a la justicia constitucional intervenir en procesos políticos.
El caso que desencadenó esta disputa fue la acción de protección presentada por Inés Alarcón, asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Alarcón cuestionó la decisión de la Comisión de Fiscalización de archivar los juicios políticos contra los exfuncionarios de Lasso, argumentando que se había violado el debido proceso. Sin embargo, Muñoz afirmó que detrás de esta acción legal hay “intereses políticos” que prefería no detallar, y dejó entrever que la actuación de Alarcón podría ser objeto de sanciones.
El Pleno de la Asamblea y el Futuro de los Juicios Políticos
A pesar de la postura firme de Muñoz, la decisión final sobre el desacato a la sentencia judicial será discutida en el Pleno de la Asamblea, una vez que termine el receso legislativo el 2 de septiembre. La Asamblea está decidida a mantener su postura, aunque eso implique desobedecer una orden judicial. La decisión de desacatar se basa en la interpretación de que cumplir con el fallo judicial significaría violar una disposición de la Corte Constitucional.
Este conflicto ha escalado rápidamente y ha puesto en evidencia las profundas divisiones entre el Legislativo y el Ejecutivo en Ecuador. Mientras tanto, los juicios políticos a otros funcionarios del actual gobierno, como la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior Mónica Palencia, siguen su curso, aunque con resultados inciertos.
La Reacción del Gobierno y la Opinión Pública
El Gobierno, representado por el ministro de Gobierno Arturo Félix, calificó la decisión de la Asamblea de no reactivar los juicios políticos como un día triste para “el viejo Ecuador”. Félix criticó duramente la decisión de archivar los juicios políticos contra los exfuncionarios del gobierno anterior, alegando que se trataba de una maniobra para proteger a los ministros del actual gobierno. El ministro elogió la valentía de la asambleísta Inés Alarcón, a quien describió como una defensora del respeto a los procesos y del rol fiscalizador de la Asamblea.
Los antecedentes de la decisión
El 1 de julio de 2024, la Comisión de Fiscalización decidió archivar los juicios políticos contra Arosemena, Corral y Montalvo. Esta decisión se basó en el retiro de firmas de respaldo, lo que según la comisión, no cumplía con los requisitos necesarios para continuar con los procesos. Esta resolución generó controversia y fue el detonante para la acción de protección presentada por Alarcón.
El archivo de estos juicios permitió que se diera prioridad a los juicios políticos de funcionarios actuales, como la canciller Gabriela Sommerfeld y la ministra del Interior Mónica Palencia. Sin embargo, si se acatara la decisión del juez Romero, los juicios políticos archivados deberían retomarse después del juicio a Palencia.
¿Qué sucederá con los juicios políticos en la Asamblea?
A pesar de la sentencia judicial, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, insistió en que los procesos seguirán su curso tal como estaba previsto. Después del juicio a la ministra del Interior, se levantará la suspensión del juicio político a la fiscal general Diana Salazar, quien solicitó que el proceso continuara una vez superada la fase de riesgo en su embarazo.
Este escenario deja abierta la posibilidad de que la confrontación entre la Asamblea y el Ejecutivo se intensifique aún más, con un posible choque de poderes que podría tener repercusiones en el futuro político de Ecuador. La decisión de la Asamblea de desafiar abiertamente una sentencia judicial marca un nuevo capítulo en la lucha por el poder entre las principales instituciones del Estado.
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