La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investiga presuntas irregularidades en agencias municipales de tránsito de varios cantones del país. Las anomalías incluyen la emisión ilegal de matrículas, la venta de especies y la eliminación de multas, hechos que estarían ligados a redes de delincuencia organizada.
La mesa legislativa sesionó este lunes 2 de febrero para dar seguimiento a las entidades municipales que manejan las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Las investigaciones buscan determinar responsabilidades y el impacto económico de estas prácticas.
Ministro del Interior expone acciones del Gobierno
El ministro del Interior, John Reimberg, compareció ante la Comisión de Fiscalización en el salón José Mejía Lequerica. Durante su intervención, explicó las medidas adoptadas frente a las irregularidades detectadas.
Reimberg informó que el Ministerio del Interior intervino de forma temporal y excepcional las competencias de tránsito en Manta y Durán. La decisión se tomó tras declarar la emergencia para regular y controlar el sistema en ambos cantones.
El ministro aclaró que esta intervención no reemplaza a los gobiernos autónomos descentralizados ni vulnera sus competencias. Señaló que se trata de una acción puntual ante una situación crítica.
Irregularidades generaron pérdidas económicas
El titular del Interior indicó que las anomalías provocaron afectaciones económicas en varias agencias de tránsito. También se registraron desvíos de fondos y recursos que no fueron devueltos al Estado.
Reimberg cuestionó la capacidad de los municipios para manejar la competencia de tránsito. Afirmó que ningún cantón, sin importar su tamaño, ha logrado ejercerla de forma eficiente.
Policía Nacional revela red de prácticas ilegales
El general Cristian Barreiro, de la Policía Nacional, también compareció ante la Comisión. Recordó que desde 2008 las competencias de tránsito pasaron a los gobiernos autónomos descentralizados.
Según Barreiro, esta decisión derivó en mayor violencia vial, incremento de la delincuencia y aumento de siniestros. Además, limitó la capacidad de control y sanción del Estado.
Entre las irregularidades detectadas constan la emisión de matrículas y licencias fraudulentas, la venta de especies originales y la matriculación de vehículos sin cumplir requisitos legales.
También se identificó la eliminación de multas, ciudadanos fallecidos con más de 6.000 dólares en sanciones y la legalización de vehículos robados en Colombia, Perú y Chile.
El general añadió que varias agencias contaban con personal sin el perfil adecuado, funcionarios con vínculos familiares con grupos delictivos y contratos direccionados.
Operativos y procesos judiciales
Barreiro señaló que estas prácticas fortalecieron la economía criminal y consolidaron a los tramitadores como estructuras delictivas.
En ese marco, recordó los operativos ejecutados en agencias de tránsito, como Platino en 2018, Metástasis en 2023 y el reciente caso Jaque en 2026. Los detenidos podrían enfrentar hasta 10 años de prisión.
Reacciones políticas en la Asamblea Nacional
Asambleístas de la Revolución Ciudadana pidieron ampliar las investigaciones a otras provincias y cantones. También solicitaron mayor transparencia y sanciones efectivas.
Por su parte, legisladores de Acción Democrática Nacional destacaron las acciones del Gobierno para combatir la corrupción y recuperar el control del sistema de tránsito.
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