La Asamblea Nacional no consiguió los votos necesarios para ratificar las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una propuesta impulsada por el correísmo que fue rechazada por la mayoría del Pleno con 72 votos en contra frente a 62 a favor. La normativa había sido objetada previamente por el presidente Daniel Noboa, quien advirtió posibles vulneraciones a derechos fundamentales de los legisladores.
Durante la sesión plenaria, los bloques legislativos debatieron principalmente sobre el alcance de las sanciones planteadas y su impacto en la independencia parlamentaria. Para varios asambleístas, la propuesta abría la puerta a mecanismos de control político internos que podrían derivar en persecución.
Debate por sanciones a legisladores
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma era la posibilidad de sancionar como falta muy grave a los asambleístas que se apartaran de las decisiones adoptadas por su bancada política, práctica conocida como camisetazos o transfuguismo político. La mayoría del Legislativo consideró que estas sanciones atentaban contra la libertad de pensamiento y de expresión de los parlamentarios.
Desde la bancada oficialista ADN se insistió en que obligar a los legisladores a votar en bloque vulnera el principio de representación individual y limita la capacidad de tomar decisiones autónomas en beneficio de sus electores.
Objeción presidencial y votación final
El presidente Daniel Noboa objetó la normativa a finales de 2024, señalando que varios artículos contradecían garantías constitucionales relacionadas con la libertad de decisión y la independencia de funciones. Estas observaciones influyeron en el resultado final de la votación, que no alcanzó la mayoría requerida para ratificar el texto legal.
Con este resultado, la Asamblea Nacional archiva las reformas y mantiene vigente la normativa actual que regula el funcionamiento del Legislativo.
Comisión Multipartidista generó rechazo
Otro aspecto cuestionado fue la creación de una Comisión Multipartidista de carácter temporal, que podía activarse mediante la recolección de firmas y asumir funciones similares a las del Comité de Ética. Para varios legisladores, este organismo duplicaba competencias y generaba riesgos de uso político contra asambleístas disidentes.
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