Mario Godoy consiguió una ventaja clave dentro del juicio político que enfrenta en la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión de Fiscalización aceptara pedidos fundamentales para su defensa y suspendiera la sesión hasta recibir información oficial pendiente. La decisión se tomó en un contexto político marcado por un año electoral y fuertes disputas entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana.
La Comisión de Fiscalización, dominada por Acción Democrática Nacional, autorizó la acreditación del abogado defensor de Godoy y resolvió postergar la diligencia hasta que el Ministerio del Interior y el propio Consejo de la Judicatura entreguen documentación necesaria para sustentar su defensa, lo que ralentiza el proceso de censura y destitución.
Tres acusaciones que sustentan el juicio político
El correísmo impulsa el juicio político contra Mario Godoy por presunto incumplimiento de funciones basado en tres hechos principales. El primero se refiere a supuestas presiones indebidas al juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció en diciembre de 2025 que recibió un pedido para fallar a favor en un caso de narcotráfico.
La segunda acusación apunta a un posible conflicto de interés por el patrocinio legal de la cónyuge de Godoy, Dolores Vintimilla, en un caso relacionado con narcotráfico. La tercera se centra en la denuncia de la jueza Nubia Vera, quien afirmó que en 2024 recibió un pendrive con una resolución preelaborada para un fallo vinculado a la entonces vicepresidenta Verónica Abad.
Defensa técnica y suspensión de la sesión
Pese a que ninguna de las acusaciones fue aclarada durante la sesión, Godoy logró que se acredite formalmente a su abogado, Stalin Raza, para presentar pruebas e interrogar en el momento procesal correspondiente. El presidente del Consejo de la Judicatura sostuvo que su presencia no se ve afectada por esta decisión y calificó el proceso como un intento de descalificación política.
A pedido del acusado y su defensa, la Comisión suspendió la sesión hasta recibir información oficial pendiente, lo que dejó en pausa la presentación de pruebas documentales dentro del proceso legislativo.
Pruebas rechazadas y reclamos del correísmo
Un día antes, la Comisión de Fiscalización resolvió no incorporar nuevas pruebas al expediente, entre ellas audios y videos certificados de la comparecencia de la jueza Nubia Vera ante la Comisión de Justicia, realizada el 26 de diciembre de 2024. En esa ocasión, Vera reiteró que recibió insumos de sentencia por parte de Godoy y su entorno.
También se rechazó incluir las alertas emitidas por Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, quien en enero de 2025 denunció haber quedado sin protección institucional pese a amenazas del crimen organizado.
Acusaciones de parcialidad y respuesta oficialista
Desde la Revolución Ciudadana se sostiene que las decisiones adoptadas por la Comisión buscan proteger a Mario Godoy de la censura y destitución. La asambleísta Ana Herrera cuestionó la imparcialidad del proceso y afirmó que las actuaciones evidencian un respaldo político al titular de la Judicatura.
Herrera recordó que la Ley Orgánica de la Función Legislativa limita la defensa técnica a autoridades del Ejecutivo, mientras que el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez, defendió la decisión señalando que el derecho a la defensa debe ser garantizado sin restricciones.
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