El lunes, UNICEF informó sobre un «drástico» aumento en las muertes de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, en medio del «conflicto armado interno» declarado por el gobierno para abordar la creciente violencia generada por el crimen organizado.
Según el informe divulgado en Nueva York y Panamá, la tasa de homicidios de menores en Ecuador ha experimentado un aumento alarmante, con al menos 770 casos registrados en 2023, marcando un aumento del 640 % en comparación con los 104 casos de 2019, según las últimas estimaciones del Ministerio del Interior.
El incremento en las muertes por violencia armada está afectando profundamente la vida de los niños y jóvenes ecuatorianos, con un aumento en el reclutamiento forzado de adolescentes por grupos armados y amenazas a instalaciones médicas y escuelas, según Garry Conille, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.
La crisis de seguridad también ha llevado al cierre temporal de escuelas en todo el país, privando a más de 4.3 millones de niños, niñas y adolescentes de servicios educativos adecuados. Además, preocupa el creciente número de personal médico, maestros y directores de escuelas amenazados, extorsionados y asesinados por grupos armados.
La declaración de «conflicto armado interno» por parte del gobierno ha llevado a medidas económicas, como un proyecto para aumentar el impuesto al valor agregado del 12 % al 15 % para financiar las operaciones militares, estimado en aproximadamente 1.020 millones de dólares. La Asamblea tiene 30 días para aprobar o rechazar la propuesta.
La situación en Ecuador ha generado temor en la población, con ataques violentos, incluido el asalto de un canal de televisión por un grupo armado. El miedo se ha extendido, afectando a empresas que han optado por el teletrabajo en la capital, Quito.
El general de policía Wilson Pavón informó que se han registrado amenazas en la capital, incluyendo la colocación de explosivos. La violencia se intensificó tras la desaparición de Adolfo Macías, líder de Los Choneros, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa, y la fuga de Fabricio Colón Pico, jefe regional de Los Lobos.
Durante el estado de excepción, se ha detenido a más de 1.300 personas, con 143 por presunto terrorismo. Además, se han decomisado armas, explosivos y embarcaciones en operativos. El sistema penitenciario es señalado como uno de los principales focos de la crisis de inseguridad, con masacres entre bandas y más de 450 reos asesinados desde 2021. Las autoridades reconocen la necesidad de abordar este problema para garantizar la seguridad nacional.
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