El proceso de juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, ha sido reactivado en la Asamblea Nacional, impulsado por sectores del correísmo. Sin embargo, bancadas clave del Partido Social Cristiano (PSC), el movimiento Construye y el oficialismo, representado por Acción Democrática Nacional (ADN), han dejado claro que no apoyarán su censura ni destitución.
Reactivación del proceso de juicio político
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó el 5 de agosto de 2024, reactivando el proceso de juicio político contra Diana Salazar, suspendido en diciembre debido a su delicado estado de salud durante el embarazo. Ahora que ha superado dicha condición, Salazar ha indicado que está preparada para enfrentar la interpelación.
En esa misma sesión, se unificaron dos pedidos de juicio político en su contra, uno presentado por el correísta Héctor Valladarez en mayo y otro por Gissela Garzón, también correísta. Ambos casos fueron enviados a la Comisión de Fiscalización para su análisis conjunto.
Posición de las bancadas frente al juicio
A pesar de la reactivación del proceso, varias bancadas han manifestado que no darán sus votos para censurar y destituir a Salazar. La bancada del PSC, el movimiento Construye y ADN han ratificado su apoyo a la fiscal. Esto significa que, en el eventual caso de que el juicio avance hasta el pleno de la Asamblea, no se lograrían los 70 votos necesarios para su destitución, tal como establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Construye mantiene su respaldo
Jorge Peñafiel, asambleísta del movimiento Construye, señaló que el respaldo a Salazar es firme. “Construye ha mostrado desde el primer día que está a favor de la patria, y no con las mafias”, afirmó. Peñafiel indicó que lo importante será la defensa que la fiscal pueda hacer en el pleno, donde, según él, podrá desmentir las acusaciones de los correístas.
PSC votará en contra de la censura
El Partido Social Cristiano también ha adelantado su postura. Jorge Acaiturri-Villa, legislador del PSC, indicó que su partido votará en contra de la calificación del juicio en la Comisión de Fiscalización, y si este llega al pleno, se opondrán a cualquier sanción contra la fiscal. “No hay elementos ni argumentos para ello”, señaló. Acaiturri calculó que los correístas, sumando potenciales aliados de Pachakutik, no lograrían reunir los votos necesarios para la destitución.
El correísmo defiende el juicio
Por su parte, Héctor Valladarez, interpelante correísta, defendió el juicio político contra Salazar, acusándola de tener una “Fiscalía a la carta” y de usar su cargo para perseguir a adversarios políticos. Según Valladarez, uno de los puntos principales de su acusación es la rapidez con la que se gestionan ciertos casos, en contraste con la lentitud en otros, como el caso de INA Papers, relacionado con Lenín Moreno.
La Comisión de Fiscalización tiene la decisión
La Comisión de Fiscalización ahora tiene la responsabilidad de calificar o archivar el proceso. Si lo califica, emitirá un informe que puede ser de mayoría o reflejar posturas divididas. En cualquier caso, será el pleno de la Asamblea el que decida si la fiscal general debe ser censurada y destituida. Sin embargo, con las posiciones claras de las principales bancadas, todo indica que la destitución de Salazar es improbable.
Este juicio político, sin duda, será un escenario en el que se debata no solo la gestión de Diana Salazar, sino también la pugna política entre el correísmo y los sectores que la apoyan.
Te puede interesar:
