Alarcón amplió el proceso a 18 procesados, incluyendo jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, y solicitó medidas cautelares para siete personas y el congelamiento de fondos de tres empresas vinculadas al presunto esquema de lavado de activos
Quito, Ecuador.- El fiscal general del Estado encargado, doctor Leonardo Alarcón, asistió de forma personal a la audiencia de vinculación del denominado Caso Blindado, instalada el 1 de septiembre de 2026 en la Corte Nacional de Justicia. Durante la diligencia, Alarcón presentó los elementos de convicción contra siete personas naturales y tres empresas que fueron vinculadas a la investigación por presunto lavado de activos, cuyos delitos precedentes serían el cohecho y el prevaricato. Con estas vinculaciones, el número total de procesados en el caso ascendió a 18.
El caso escala a la Corte Nacional: jueces involucrados determinan el fuero
El expediente del Caso Blindado, que inicialmente involucró al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y a otras siete personas, fue elevado a conocimiento de la Corte Nacional de Justicia en razón del fuero que corresponde a los nuevos vinculados: jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas y representantes de personas jurídicas.
Villacís, a quien los jueces investigados habrían presuntamente beneficiado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, lleva casi tres meses con prisión preventiva en la cárcel de Cotopaxi. La investigación fue iniciada en noviembre de 2025, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Los pedidos de Alarcón: prisión preventiva, arresto domiciliario y congelamiento de fondos
Con base en los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía, el doctor Alarcón presentó los siguientes pedidos de medidas cautelares:
- Prisión preventiva para Carlos A., Simón M. e Iván S., jueces vinculados al proceso.
- Arresto domiciliario y dispositivo de vigilancia electrónica para Genaro R., Juan M., Juan J. y Luis O.
- Medidas reales contra las tres empresas vinculadas: retención, inmovilización y congelamiento de fondos, y prohibición de enajenar bienes.
Alarcón fundamentó todos los pedidos en la concurrencia de riesgos procesales y en la necesidad de evitar una eventual obstaculización de la investigación. La resolución sobre las medidas cautelares será comunicada el miércoles 2 de septiembre a las 12:30.
El presunto esquema: USD 9 millones, vehículos blindados y cuentas en Miami
Según la Fiscalía, el presunto lavado de activos investigado alcanzaría aproximadamente USD 9 millones. Los recursos habrían ingresado a cuentas vinculadas al alcalde Villacís, sus familiares y empresas relacionadas. Parte del dinero habría sido destinado a la adquisición de bienes y al movimiento de fondos hacia cuentas en el exterior.
Entre los hechos que forman parte de la investigación consta el retiro de aproximadamente USD 980.000 en efectivo, movilizados presuntamente a través de vehículos blindados —origen del nombre del caso— y la intervención de los jueces investigados para proteger judicialmente al alcalde frente a las investigaciones en su contra.
Ningún cargo protege a nadie: la Fiscalía investiga incluso a quienes administran justicia
La decisión del fiscal general del Estado encargado de asistir personalmente a esta audiencia ante la Corte Nacional de Justicia —la más alta instancia judicial del país— refleja el compromiso directo de Leonardo Alarcón con el caso. No delegó la diligencia. La llevó él mismo, en un proceso que involucra a funcionarios del propio sistema de justicia ecuatoriano. La investigación alcanza a jueces en ejercicio que habrían utilizado su cargo para beneficiar a un alcalde procesado. Esta actuación es coherente con la posición que Alarcón ha sostenido durante toda su gestión: ningún cargo, ninguna función y ninguna institución protegen a quienes presuntamente cometan delitos.
ALARCÓN, FIRME CONTRA LA CORRUPCIÓN
Se recuerda que las personas mencionadas en este comunicado gozan de presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme y ejecutoriada en su contra.
