La Fiscalía General del Estado ejecutó el 28 de enero de 2026 un operativo dentro del denominado Caso Caja Chica. Como parte de la investigación, las autoridades allanaron la vivienda de la excandidata presidencial Luisa González.
El Caso Caja Chica investiga un presunto esquema de delincuencia organizada y lavado de activos vinculado al financiamiento de la campaña presidencial de 2023.
Operativo en Pichincha y Guayas
La Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, realizó cuatro allanamientos simultáneos. Tres se desarrollaron en la provincia de Pichincha y uno en Guayas. El objetivo fue recolectar indicios que permitan establecer el origen y uso de recursos económicos.
Entre los inmuebles intervenidos se encuentra la casa de Luisa González, exaspirante a la Presidencia por el movimiento Revolución Ciudadana, quien perdió las elecciones frente al actual presidente Daniel Noboa.
Investigación por presunto dinero ilícito
Según la Fiscalía, la investigación apunta al posible ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela. Las autoridades sospechan que estos fondos habrían financiado actividades proselitistas durante la campaña electoral de 2023.
El proceso se enmarca en el delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Este tipo penal contempla penas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión, según el grado de responsabilidad.
Personas mencionadas en el proceso
Aunque la Fiscalía no ha confirmado oficialmente los nombres de los investigados, el expresidente Rafael Correa señaló en redes sociales que los allanamientos estarían relacionados con el asambleísta Patricio Chávez, los excandidatos presidenciales Luisa González y Andrés Aráuz, así como la exsuperintendenta de Compañías, Suad Manssur.
Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones ni formulación de cargos dentro del Caso Caja Chica
Otros procesos abiertos contra Luisa González
Este operativo se suma a otro frente legal que enfrenta Luisa González, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral le notificara recientemente por una presunta infracción electoral relacionada con el manejo de recursos durante la campaña.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que los resultados de los allanamientos serán analizados para determinar posibles responsabilidades penales.
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